VALLADOLID, 19 de enero. En un movimiento que ha levantado diversas opiniones, UGT ha decidido llevar a juicio a la Junta de Castilla y León, demandando la reclasificación profesional de aproximadamente 5.000 empleados públicos de un total de 15.000. Esta acción se respaldará con un conflicto colectivo ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla).

Los representantes sindicales han compartido en una conferencia de prensa que el objetivo es alinear las categorías laborales de estos trabajadores con las titulaciones que poseen, lo que resulta esencial tras la implementación de los acuerdos de Bolonia, que buscan una mejor estructuración del personal basado en su formación académica.

Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos, ha enfatizado que este cambio fue previamente acordado entre los sindicatos y las administraciones, pero la falta de acción por parte de la Junta ha dejado a muchos empleados en categorías que no reflejan sus capacidades y responsabilidades reales. Esto conlleva una merma en sus salarios, que puede oscilar entre 2.000 y 3.300 euros anuales, además de la reducción en los trienios, que suma 600 euros.

De manera específica, UGT ha presentado una demanda judicial contra la Consejería de Sanidad, que se niega a implementar la reclasificación laboral mencionada en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Este artículo es fundamental y se considera esencial tras el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, vigente desde noviembre de 2022.

Según la normativa, los técnicos superiores sanitarios deberían estar clasificados en el Grupo B, mientras que los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) deberían ser promovidos del Grupo C2 al C1. Rosa López, responsable del área sanitaria del sindicato, ha puntualizado que no se trata de un privilegio, sino de justicia y coherencia, ya que la clasificación debe reflejar la formación y responsabilidades reales de cada trabajador dentro de la administración.

La demanda se ha centrado inicialmente en los técnicos superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, pues su clasificación está más claramente definida, lo que podría abrir la puerta para la presentación de reclamaciones similares para otros grupos de trabajadores.

Otros sindicatos presentes en la mesa de negociación han respaldado esta demanda, y los líderes sindicales han hecho un llamado a que más organizaciones se unan a la causa. Sin embargo, han manifestado su preocupación por la participación de plataformas que carecen de legitimidad para discutir estos temas con la Junta.

UGT ha instado a la administración regional a respetar el Acuerdo Marco y las sentencias correspondientes que establecen la relación entre las titulaciones y los grupos de clasificación, abogando por una equiparación de Castilla y León con otras comunidades autónomas en este aspecto.

En paralelo a esta iniciativa, UGT Servicios Públicos planea presentar un conflicto colectivo ante el Serla en el mismo plazo, como un primer paso hacia una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia. Esta acción se origina por el incumplimiento del convenio colectivo vigente para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad, que se firmó en 2023 y debe ser ejecutado antes de finales de 2024.

Carlos Arenas, vicesecretario de UGT Servicios Públicos, ha indicado que la implementación de la reclasificación tendría un impacto económico de entre 10 y 15 millones de euros, una cantidad que considera pequeña frente a otros gastos más grandes y cuestionables.

Arenas también ha criticado a la Consejería de la Presidencia, señalando que no solo ignoran la solicitud, sino que han optado por el silencio ante las reiteradas peticiones de diálogo sobre este asunto.

Tomás Pérez Urueña ha acusado a la Junta de "estafar" a sus empleados, quienes se ven obligados a tener titulaciones superiores que no se ven reflejadas en su remuneración laboral. Esta problemática no se limita únicamente a los titulados que trabajan bajo la administración, sino que también incluye a los técnicos de transporte sanitario, área que actualmente está externalizada.

Marta Vián, responsable del sector en UGT, ha subrayado la necesidad de establecer una figura estatutaria para estos técnicos, insistiendo en que aunque ahora mismo no tengan una relación laboral directa con la Junta, este primer paso podría facilitar la creación de una plantilla orgánica y, eventualmente, la "internalización" de este servicio, lo que a su juicio elevaría la calidad del mismo.