LEÓN, 3 de noviembre. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado este lunes una solicitud formal ante la Fiscalía de León, en relación con el peaje de la AP-66, con el propósito de que se inicien diligencias informativas que protejan el interés general de los usuarios, en respuesta a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el cobro de peajes en ciertas circunstancias.

Esta acción tiene como base los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como el artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A través de esta solicitud, la UPL busca que la Fiscalía implemente una acción colectiva para cesar el cobro indebido y defienda los derechos de los conductores que utilizan esta autopista, en concordancia con la sentencia del Tribunal Supremo 1441/2025.

Además, esta iniciativa contará con el apoyo de la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No!, que será liderada por el exdiputado asturiano Daniel Ripa, y también llevará la misma solicitud ante la Fiscalía del Principado de Asturias.

Cabe destacar que el Tribunal Supremo ha calificado de "abusivo" el cobro total del peaje en las autopistas concesionadas cuando el servicio no cumple con estándares adecuados de fluidez y seguridad, y sin informar adecuadamente a los usuarios sobre las incidentes que afectan al tráfico.

En este contexto, la UPL ha señalado que el Ministerio Fiscal ya instó a actuar en contra de la concesionaria Autopistas del Atlántico (Audasa), logrando que se emita una resolución que impide esta práctica considerada "abusiva". Además, se obliga a la devolución del importe del peaje a quienes sufrieron situaciones adversas en su recorrido.

La UPL también ha subrayado que la AP-66, actualmente gestionada por Aucalsa, enfrenta varias obras de adecuación en sus túneles y un argayo que ha provocado severos cortes y ralentizaciones en el tráfico, lo que ha incrementado significativamente los tiempos de viaje e incluso ha causado paradas prolongadas.

A pesar de las condiciones "deficientes" de la autopista, donde se están realizando obras para retirar escombros y garantizar la seguridad, el peaje se mantiene en el mismo nivel que si el servicio estuviese operando normalmente, según un comunicado enviado a Europa Press por la UPL.

La formación política también ha denunciado que, al momento de pagar el peaje, los usuarios carecen de información suficiente y actualizada sobre retenciones o desvíos, lo que les impide tomar decisiones informadas sobre el uso de la autopista, una situación que se alinea con las cuestiones abordadas en la sentencia del Tribunal Supremo.

Por todas estas razones, la UPL ha solicitado a la Fiscalía que se dirija al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para verificar si se está cumpliendo con la doctrina establecida y que se requiera a Aucalsa la devolución total o parcial de los peajes a quienes hayan experimentado retrasos o deficiencias en el servicio sin haber sido debidamente informados.

Finalmente, la UPL exige que se tomen medidas "inmediatas" para garantizar la transparencia y proporcionar información en tiempo real en todos los puntos de acceso y pago de la autopista, asegurando que los usuarios conozcan las incidencias antes de decidir utilizar la vía de peaje, en un esfuerzo por cumplir con el principio de reciprocidad contractual que ha sido respaldado por el Tribunal Supremo.