VALLADOLID, 10 de febrero.

En un drástico llamado de alerta, el presidente de la Empresa Familiar en Castilla y León (EFCL), Isidoro Alanís, ha pintado un panorama desolador para el futuro de las empresas y el mundo rural. Durante su intervención este martes, presentó un documento que recopila cien medidas urgentes, elaborado junto a la Asociación de Industrias Alimentarias, con el objetivo de fomentar la actividad empresarial, estimular la creación de empleo y promover la fijación de población en los municipios más pequeños de la región.

Este informe, crucial en el contexto actual, refleja una situación que tanto Alanís como Santiago Miguel, líder del clúster agroalimentario Vitartis, consideran crítica. Alertan sobre la grave amenaza que enfrenta el entorno rural, la cual se ve exacerbada por la falta de suelo industrial y por la carga burocrática que obstaculiza cualquier intento de iniciar un proyecto industrial en esta área.

Entre las iniciativas más destacadas del documento figura la eliminación de los obstáculos burocráticos que frenan el desarrollo de nuevos negocios, la promoción de la creación de polígonos industriales "inteligentes", la ampliación de deducciones fiscales para proyectos de adquisición y rehabilitación de viviendas, así como la abolición total de impuestos relacionados con las transmisiones patrimoniales. También se propone establecer declaraciones responsables parciales que permitan a las industrias comenzar su actividad antes de que finalicen sus instalaciones.

Esta serie de propuestas se incluyen en el documento titulado 'Medidas urgentes para fomentar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León', que fue entregado la semana pasada al presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Asimismo, se ha solicitado a todos los partidos políticos que incluyan estas medidas en sus plataformas electorales con el fin de que sean implementadas por el futuro gobierno tras las elecciones del 15 de marzo.

El presidente de EFCL, Isidoro Alanís, enfatizó en declaraciones a Europa Press sobre la singularidad de una comunidad que es la más extensa de Europa y cuenta con el mayor número de municipios, de los cuales el 98% tiene menos de 1.500 habitantes. Esto, según su análisis, representa un obstáculo significativo para la competitividad empresarial, lo que justifica la urgencia de establecer medidas concretas en los próximos cuatro años para prevenir la desaparición de estos municipios y sus comarcas.

En este sentido, Alanís subrayó la necesidad de transformar radicalmente la tramitación de los planeamientos urbanísticos, ya que considera inaceptable que estos procesos se prolonguen entre seis y ocho años antes de recibir el visto bueno de hasta diecisiete instituciones diferentes. Propone que el tiempo de respuesta no debería exceder los dos años, ya que resulta fundamental para generar suelo industrial y facilitar la construcción de nuevas viviendas que puedan albergar a la mano de obra que atraigan las empresas.

Además, Alanís aboga por que la carga de los informes no recaiga exclusivamente sobre los técnicos de los ayuntamientos, sugiriendo que deben contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León. También pidió un esfuerzo mayor para desarrollar polígonos industriales mediante un "plan ambicioso" que contemple tanto grandes áreas como espacios más pequeños que se ajusten a las particularidades de los municipios. Como ejemplo, citó el polígono de 150.000 metros cuadrados en Fuentes de Oñoro, Salamanca, que necesita apoyo económico de la administración regional para llevar a cabo su desarrollo.

"Si queremos mantener las escuelas, los centros de salud y las farmacias, es imperativo fijar población, y esto solo es posible a través de la creación de empleo", concluyó Alanís.

Por su parte, Santiago Miguel, líder de Industrias Alimentarias de Castilla y León, destacó la relevancia del sector agroalimentario en el mundo rural, al representar el 45% de las empresas en municipios con menos de 3.000 habitantes y generar el 35% del empleo en esas áreas. Resaltó la necesidad de que las empresas no enfrenten obstáculos administrativos ni restricciones urbanísticas que afecten su capacidad de establecerse o expandirse, así como la urgencia de solucionar los problemas de vivienda para sus empleados.

"La diversidad económica es uno de los principales activos de Castilla y León, y la actividad agroalimentaria es primordial para vertebrar nuestro territorio", afirmó Miguel. Propuso implementar incentivos fiscales y medidas sociales que ayuden a mitigar el rechazo de los residentes locales hacia ciertas actividades, como las controvertidas macrogranjas, subrayando la importancia de educar a la población sobre las rigurosas normativas que regulan estas instalaciones para prevenir problemas.