El caso de un empresario agrícola rumano, identificado como Fabián A.T., ha captado la atención de la opinión pública en Valladolid, tras ser juzgado por presuntamente violar los derechos laborales de trabajadores temporales irregulares. Aunque Fabián no asistió al juicio, el fiscal ha solicitado una pena de hasta dos años de prisión por su presunta conducta delictiva.

La situación fue denunciada por un vecino de Alaejos, quien dio testimonio sobre las condiciones de vida de los trabajadores en la vivienda contigua a la suya. Según su declaración, los trabajadores, de diversas nacionalidades, revelaron la alarmante realidad en la que se encontraban, viviendo en condiciones precarias y pagando entre 70 y 80 euros de alquiler por habitación, bajo la gestión de su contratante, a quien se referían como "Fabián el italiano".

El testigo relató que Fabián acostumbraba a llegar a la casa de los trabajadores a primeras horas de la mañana, gritándoles: "¡Vamos, perros, a trabajar!", lo que ilustraba la falta de respeto hacia ellos. Tras estas exclamaciones, los transportaba a sus labores agrícolas, exigiendo además un pago de cinco euros por el transporte diario.

El vecino también afirmó que los trabajadores vivían con un miedo constante, ya que el empresario y su acompañante los amenazaban para que no abandonaran la vivienda y evitaran cualquier contacto con la comunidad. Adicionalmente, Fabián habría alimentado miedos entre los temporeros sobre el racismo de los españoles, lo que les llevó a mantener un perfil bajo en el pueblo.

Este panorama de explotación tomó un giro el 11 de septiembre de 2021, cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió a la casa tras recibir un aviso de un conflicto entre Fabián y sus trabajadores, quienes exigían el pago de salarios atrasados. Durante la intervención, se logró un acuerdo y se pagaron los jornales adeudados.

Posteriormente, otros trabajadores, también de origen argelino, se presentaron en la estación de Guardia Civil de Castronuño para denunciar que no se les había pagado. Esto impulsó una investigación que ha llevado a este juicio, donde solo un denunciante compareció mediante videoconferencia. Este hombre, Hamed, relató cómo fue reclutado por Fabián mientras dormía en un parque y cómo trabajó arremetiendo sacas de patatas por poco dinero.

Hamed admitió que tanto él como los otros demandantes estaban en España de manera irregular y sin contrato laboral. Detalló que compartían una vivienda en condiciones lamentables y que cada uno de ellos pagaba por el transporte a sus trabajos. También señaló que Fabián mantenía un control estricto sobre ellos para evitar que se escaparan o socializaran con otros habitantes del pueblo.

En sus conclusiones, el fiscal reiteró su solicitud de dos años de cárcel por los delitos cometidos, enfatizando el patrón de comportamiento del acusado que se aprovecha de la vulnerabilidad de sus víctimas. Por su parte, la defensa de Fabián solicitó su absolución, argumentando que no se habían demostrado los hechos y que su cliente no había sido vinculado de manera clara con la situación laboral de los afectados.