Los residentes de Valladolid que realizaron la compra del vehículo afirman haber llegado a Utrera y regresado con el coche sin realizar una prueba del mismo, confiando en la "buena fe" del vendedor acusado.
VALLADOLID, 27 Nov.
La Audiencia de Valladolid ha dejado el caso listo para sentencia este miércoles, en el juicio contra un vendedor de automóviles de ocasión de Andalucía, acusado de estafar a dos hermanos de la capital vallisoletana. En el año 2021, estos hermanos pagaron 7.400 euros por un Mercedes ML 280, desconociendo que el vehículo presentaba una serie de defectos que requerirían una reparación que rondaría los 12.000 euros, lo que casi duplica la cantidad pagada inicialmente.
Tras la realización de las pruebas testimoniales y periciales, tanto el fiscal del caso como la acusación particular, que representa a los afectados, han mantenido su solicitud de tres años de prisión y una multa de 1.200 euros contra el acusado, Sergio del R.M. Esta solicitud es por un delito de estafa, otro de tentativa de estafa procesal en concurso medial y uno más de falsedad en documento privado. Este último delito se refiere a la supuesta modificación del contrato de compra-venta hecha a mano por el acusado, cuando se le solicitó dicho documento durante el proceso judicial.
Además de la pena de prisión, la abogada de los demandantes ha demandado que el acusado compense a los mismos en una cantidad de 11.795 euros por los costos de reparación del vehículo. Por otro lado, la acusación pública ha solicitado la nulidad del contrato en cuestión, la restitución de los 7.400 euros que las víctimas pagaron, así como también la devolución del vehículo al concesionario. En caso de que la nulidad no sea considerada, el fiscal ha demandado que el vendedor asuma la responsabilidad subsidiaria de la empresa que administra y que cubra el costo de la reparación.
Ambas acusaciones han solicitado, además, una indemnización que se aproxima a los 21.000 euros por los gastos y perjuicios sufridos, lo que incluye el presupuesto elaborado por Adarsa, la grúa necesaria y el tiempo que el automóvil ha estado detenido desde entonces.
Lo más relevante de este caso es que tanto el acusado, cuya actividad empresarial se desarrolla en una instalación en Utrera (Sevilla), como los hermanos que lo acusan, no probaron el automóvil antes de firmar el contrato, como todos afirmaron durante sus testimonios en el juicio.
El acusado, en declaraciones a Europa Press, afirmó que adquirió el vehículo, que data de 2006, en una subasta pública el 29 de octubre de 2021 y que pocos días después llegó a un acuerdo con los denunciantes después de que ellos lo contactaran mediante el portal coches.net, estableciendo un precio de 5.100 euros.
El vendedor sostuvo que "el Mercedes llegó en transporte público a su almacén" y que, debido a esta situación, no tenía conocimiento de que el coche no estaba en condiciones óptimas, tildándolo de "hierro". También negó haber realizado anotaciones en el contrato después de la transacción, afirmando que no hizo modificaciones a mano que indicaran que la batería estaba en mal estado, que no poseía una ITV vigente, ni que el precio que pagaron los hermanos era inferior al que se había acordado.
En contraste, los hermanos, Alejandro y Víctor G, explicaron que tras ver el anuncio en línea, se comunicaron con el vendedor y acordaron un precio de 7.200 euros. Luego, Víctor realizó una transferencia de 500 euros como señal. Se desplazaron a Utrera el 12 de noviembre después de intercambiar mensajes con el vendedor, quien les informó que podían retirar el vehículo ya que contaba con ITV y seguro vigentes.
Víctor preguntó al vendedor si el coche tenía ITV y seguro y la respuesta fue: "Puedes venir sin problemas". De este modo, ambos hermanos llegaron el día señalado a la nave del acusado confiando plenamente en sus declaraciones y en la promesa de que el Mercedes estaba en "perfecto estado", tal como se les había indicado.
Sin embargo, la realidad fue muy diferente, algo que los hermanos descubrieron poco después de salir del concesionario. "Confiados en la buena fe" del vendedor, se llevaron el vehículo sin haberlo probado. Víctor justificó que habían hecho un viaje muy largo desde Valladolid y deseaban regresar lo más pronto posible. A pesar de esto, notaron que el odómetro que indicaba 291.000 kilómetros en el anuncio ahora marcaba 319.000.
El retorno a casa se convirtió en un auténtico calvario. Inicialmente, tuvieron que reemplazar una bombilla fundida en un taller de Santa Justa, y allí también tuvieron que hacer una puesta en marcha del coche con pinzas debido a un problema en la batería. La situación se complicó aún más cuando, antes de llegar a Sevilla, el auto empezó a tener problemas con la transmisión automática, ya que solo podía entrar la primera marcha.
En ese momento, decidieron detenerse y llamar al vendedor para exigir la anulación de la operación y la devolución de su dinero. "Nos dijo que la venta ya estaba hecha y que su establecimiento no era el Pull&Bear", recriminó Víctor G, por lo que él y su hermano continuaron su viaje de regreso a Valladolid, sin poder superar los 80 kilómetros por hora y sin saber que estaban circulando sin seguro, sin el certificado de ITV vigente y sin una copia del contrato que habían firmado recientemente.
Ya de regreso en Valladolid, los hermanos solicitaron una grúa para trasladar el automóvil a un taller oficial de Mercedes, donde se le realizó una revisión que identificó averías por un valor cercano a los 12.000 euros. Un empleado de Adarsa certificó que el vehículo tenía problemas en el cuadro eléctrico, el sistema de transmisión, la suspensión neumática, los amortiguadores y el turcompresor, lo que constituye fallos notorios que cualquier persona sin conocimientos técnicos habría detectado durante un viaje normal y cuya reparación significaría un trabajo arduo y costoso.
Un empleado de Adarsa describió el estado del vehículo como "lamentable", sugiriendo que parecía haber sido sacado de un campo y puesto a rodar en la carretera. Un perito que evaluó el automóvil, y cuya estimación de reparaciones era ligeramente inferior a la del taller, criticó la "escasa credibilidad" del acusado. "No es necesario abundar en este aspecto dada la condición del vehículo", concluyó el experto en peritajes.
Hoy en día, el coche involucrado en este caso permanece inmóvil desde hace tres años en una nave que los perjudicados tienen en La Overuela, eso sí, debidamente cubierto.
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