VALLADOLID, 2 de marzo.

La Guardia Civil ha lanzado una investigación significativa en Valladolid, centrada en un veterinario oficial, que se encuentra bajo sospecha por un posible delito de falsedad documental reiterada. Este caso involucra la elaboración fraudulenta de cartillas sanitarias para animales de compañía, así como la incorrecta inserción de microchips en una veintena de galgos.

La indagatoria se originó a raíz de dos operaciones separadas realizadas por la Policía Municipal de Valladolid. Ambas actuaciones revelaron un patrón consistente en la manera de identificar a estos animales, lo que llevó al Instituto Armado a emitir un comunicado al respecto.

Un descubrimiento casual tuvo lugar en julio de 2025, cuando durante un operativo policial se encontró una jeringa vacía, supuestamente destinada a la colocación de microchips, oculta en la pared de un inmueble. En el mismo contexto, fueron rescatados tres galgos que carecían de microchip, los cuales fueron derivados al Centro de Protección de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Valladolid.

Cuando los propietarios se presentaron para reclamar a los perros, llevaron consigo microchips aún precintados y sin uso, un acto que está prohibido para particulares. Este hecho encendió las alarmas y originó las primeras dudas sobre el veterinario implicado.

En una intervención posterior en noviembre de 2025, la Policía Municipal encontró un perro perdido en el Páramo de San Isidro. Siguiendo el procedimiento habitual, el animal fue llevado al Centro Municipal de Protección de Animales. Al retirar su collar, se halló que el microchip estaba adherido al mismo, aunque no implantado en el perro. Esta acción va en contra de la normativa vigente.

Ambos incidentes estaban vinculados al mismo veterinario oficial, quien está registrado en el Ilustre Colegio de Veterinarios de Valladolid. Esta conexión llevó a una inmediata comunicación de estos hallazgos a la Guardia Civil.

A partir de ese momento, se comenzaron a tomar declaraciones de diversos testigos y se realizaron aproximadamente 20 inspecciones a propietarios de galgos que habían sido atendidos por el veterinario señalado. Estas revisiones revelaron serias irregularidades en la colocación de microchips y en las documentaciones sanitarias, apuntando a una posible manipulación sistemática que podría vulnerar gravemente el sistema de identificación animal.

La colaboración de diferentes organismos, incluido el Colegio de Veterinarios de Valladolid y el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento, ha sido clave para el avance y resolución de esta investigación.

Las diligencias obtenidas hasta el momento han sido enviadas al Tribunal de Instancia de Guardia de Valladolid, con una copia también destinada a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Valladolid, para el seguimiento judicial necesario.