VALLADOLID, 5 de diciembre. La teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal de Vox en Valladolid, Irene Carvajal, anunció este viernes que han condicionado su apoyo a la aprobación del presupuesto municipal para 2026 a que el Partido Popular acepte la creación de una "mesa de estudio e investigación" que evalúe la supresión del régimen sancionador implementado en la Zona de Bajas Emisiones, vigente desde julio.

Durante una rueda de prensa celebrada en las oficinas del grupo, Carvajal expuso esta exigencia en relación al presupuesto que se presentará en la Junta de Gobierno el próximo martes, 9 de diciembre.

"Nuestra intención es eliminar o derogar el régimen sancionador", afirmó Carvajal, quien propuso que dicha comisión determine la viabilidad de cancelar las sanciones bajo el marco de la Zona de Bajas Emisiones. Si se valida esta opción, Vox sugiere mantener la zona restringida, pero sin penalizaciones, priorizando una campaña de "pedagogía" para informar a la ciudadanía.

La concejal del partido de derecha recordó que hace un año respaldaron la creación de esta Zona de Bajas Emisiones en Valladolid, afirmando que cumplieron con el acuerdo de gobierno establecido con el PP para "reducir al mínimo" su impacto, logrando exenciones que aminoran los efectos negativos sobre los ciudadanos.

Sin embargo, tras cinco meses de aplicación del régimen sancionador, Vox ha recogido preocupaciones entre los habitantes y comerciantes sobre la desproporción de esta normativa. "Hemos palpado la inquietud de la comunidad", declaró Carvajal.

Por ello, la formación propone establecer una mesa de trabajo para "buscar los argumentos jurídicos" necesarios para abolir este régimen sancionador, mientras que se plantea la continuidad de la Zona de Bajas Emisiones, aunque con la posibilidad de "reducción adicional" sin penalizar a los ciudadanos en el proceso.

Carvajal subrayó que, aunque inicialmente estimaban que solo un 1 por ciento de los vehículos se vería afectado por las restricciones, la realidad es que muchos ciudadanos se están limitando a sí mismos al ingresar en la ciudad por desconocer la normativa.

La edil insistió en que la población de Valladolid incluye un gran número de personas mayores, quienes podrían no entender plenamente estas regulaciones.

Asimismo, destacó confusiones sobre las normas de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, ya que muchos ciudadanos no tienen claro si se limita la entrada solo a los vehículos "sin etiqueta" o también a aquellos con etiquetas B o C que carecen de la calcomanía correspondiente en su automóvil.

Carvajal enfatizó que esta falta de claridad afecta seriamente al comercio local. Uno de los objetivos de la nueva mesa sería "analizar el impacto en nuestro tejido comercial y económico", así como evaluar si la ZBE ha logrado realmente mejorar la calidad del aire, que según sus observaciones, ha permanecido en un nivel aceptable.

Además, se prevé estudiar la jurisprudencia actual, dado que hay sentencias que han anulado multas impuestas en estas Zonas de Bajas Emisiones, en base a la "disfunción" del régimen sancionador frente a distintas circunstancias de los sancionados.

Carvajal ha compartido que ya comunicó esta exigencia al alcalde Jesús Julio Carnero, quien "ha tomado nota" y muestra disposición para considerar este planteamiento en la aprobación de los presupuestos. La concejal considera que la colaboración entre Vox y el PP es un ejemplo de cogobierno, donde ambas partes pueden llegar a acuerdos por el bienestar de la ciudadanía.

De hecho, la teniente de alcalde se mostró optimista sobre la respuesta del PP a su propuesta.

En caso de que se forme la mesa y se determine que la derogación del régimen sancionador no es legalmente viable, Carvajal declaró que Vox continuará su labor a nivel nacional para que en 2027, o antes si hay elecciones anticipadas, se implemente un modelo de Gobierno más "responsable" que elimine dicha normativa.

Argumentó que, si bien Europa establece directrices para mejorar la calidad del aire, no obliga a implementar Zonas de Bajas Emisiones y sugería que existen alternativas, como el aumento de zonas verdes o la implementación de redes de biomasa, ejemplos que están siendo considerados en Valladolid.

Por último, Carvajal recordó que el establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones podría haber estado influenciado por la posibilidad de perder ayudas europeas y por las amenazas del exalcalde socialista Óscar Puente, quien advirtió sobre la retirada de fondos para transporte público si no se aprobaba la medida restrictiva. En este sentido, destacó la necesidad de obtener informes técnicos y jurídicos que sustenten cualquier decisión sobre la derogación del régimen sancionador, de modo que el Ayuntamiento pueda defenderse frente a posibles acciones del Gobierno central.

En consecuencia, Carvajal expresó que, a pesar de las amenazas, no debería ser posible que se llevaran a cabo sin enfrentarse a la justicia, apelando a la responsabilidad de Puente con la ciudadanía y rechazando cualquier intento de imponer restricciones de manera autoritaria.