VALLADOLID, 20 de noviembre.

El Grupo Parlamentario Vox tiene la intención de presentar una enmienda a la totalidad respecto al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el año 2025, en caso de que la Junta de Castilla y León apruebe en Consejo de Gobierno el actual anteproyecto y lo registre posteriormente en las Cortes, un proceso clave para la tramitación parlamentaria de estas cuentas.

Por su parte, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado que también solicitará la devolución de los presupuestos autonómicos para 2025, si estos se presentan como proyecto de ley. Esta postura es coherente con su rechazo total a los presupuestos anteriores, que considera incompatibles con su ideología, justificando su actitud por un sentido de coherencia política, así como por su reciente votación en contra del techo de gasto no financiero.

Ambas formaciones, Vox y Unidas-Podemos, pedirán la devolución de las cuentas autonómicas para 2025, aunque cada una por razones diferentes. A diferencia de otros grupos opositores que han decidido no enmendar a la totalidad las cuentas y optan por dialogar y negociar partidas mediante enmiendas parciales en las diversas comisiones, una decisión que fue agradecida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su enfrentamiento político con el leonesista Luis Mariano Santos.

Es importante destacar que Vox ha sido el único grupo parlamentario que ha declinado participar en la reunión convocada por el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para discutir el anteproyecto de presupuestos. A esta reunión también estaba convocado Pablo Fernández, quien se comunicó por vía telefónica con el portavoz el día anterior.

Además, Vox no asistió a la ronda previa de reuniones que Carriedo organizó para negociar la aprobación del techo de gasto no financiero, que finalmente fue aprobado en el pleno del 6 de noviembre con el apoyo exclusivo del PP, mientras que el PSOE optó por la abstención, al igual que los procuradores Francisco Igea y Pedro Pascual Muñoz, este último representando a Por Ávila.

Pablo Fernández también se ausentó de la reunión sobre el techo de gasto, a la cual había planteado "cuatro condiciones muy sencillas" para participar, entre las que se encontraban la reversión de todos los recortes en servicios públicos y la anulación de privatizaciones promovidas por el PP en Castilla y León, así como destinar al menos 3.000 millones de euros para implementar un parque público de vivienda que ofrezca precios razonables y asequibles.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha establecido como condición esencial antes de entablar negociaciones con la Junta, que se registre el proyecto de ley de presupuestos. Esta exigencia es compartida por el resto de partidos que se han negado a asistir a más reuniones con el portavoz a menos que se aprueben las cuentas en el Consejo de Gobierno.

Los exsocios del PP hasta julio pasado, también han condicionado su participación en las reuniones a que se acepten previamente las condiciones que han propuesto para la aprobación de las cuentas autonómicas, las cuales incluyen un rechazo "claro y explícito" a las políticas de gestión de inmigrantes irregulares impulsadas por el Gobierno central y la inclusión de "planes efectivos de retorno" de estas personas, dentro del marco de competencias autonómicas disponibles. Asimismo, han solicitado la restauración de las medidas de Vox que quedaron en el limbo tras su salida del gobierno en julio, incluyendo aquellas aplicadas en Castilla y León.