Brecha salarial de género en Castilla y León aumenta y sitúa a la región como tercera peor pagada de España

Las mujeres en Castilla y León perciben salarios significativamente inferiores a los de los hombres, situándose como las terceras peor pagadas del país. La diferencia salarial alcanza el 17,3 %, un aumento de casi dos puntos respecto a 2023, según datos del INE.

Este incremento se enmarca en un contexto de desaceleración en la recuperación salarial tras la pandemia y en un escenario político marcado por debates sobre la desigualdad de género y la insuficiente inversión en políticas de igualdad. La brecha se explica en parte por el crecimiento más acusado en los sueldos masculinos, que aumentaron en promedio casi 1.700 euros, frente a unos 540 euros en las mujeres.

La situación tiene implicaciones sociales y económicas relevantes, ya que la desigualdad en los salarios afecta al poder adquisitivo de las mujeres y contribuye a la persistencia de la pobreza femenina en la región. Además, la brecha salarial también refleja desigualdades estructurales en el acceso a empleos de calidad y en la representación laboral femenina.

Desde el ámbito político, la gestión de las políticas de igualdad en Castilla y León ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones sociales. La falta de medidas efectivas y la inversión insuficiente en programas de igualdad explican en parte el estancamiento o empeoramiento de estos indicadores.

El contexto político en la comunidad, dominado por un gobierno regional conservador, ha priorizado otras líneas de actuación, dejando en segundo plano la lucha contra la brecha salarial. La tendencia a nivel nacional muestra cierta estabilización, pero las regiones más rezagadas, como Castilla y León, evidencian la necesidad de políticas específicas y de un compromiso mayor para reducir la desigualdad de género en el mercado laboral.

De cara al futuro, la atención se centrará en cómo las nuevas políticas y presupuestos puedan revertir esta situación. La igualdad salarial sigue siendo un reto pendiente para la cohesión social y la justicia laboral en la comunidad.