Castilla y León confía en contar con 19 nuevas plazas judiciales en 2027
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prevé la creación de 19 nuevas plazas judiciales en 2027, pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros. La medida responde a la necesidad de reducir la congestión en las secciones civiles y mejorar la eficiencia del sistema judicial regional.
El plan contempla que la mitad de estas plazas se activen a principios de 2027 y la otra mitad en la segunda mitad del año. La distribución prioriza las secciones civiles, especialmente en las audiencias provinciales de León y Valladolid, donde la carga de trabajo supera el 120% de los módulos establecidos por el CGPJ. Además, se crearán nuevas plazas en otras jurisdicciones, como lo Social y lo Mercantil, en diferentes provincias.
Este incremento en la plantilla judicial busca aliviar la sobrecarga actual, que ha llevado a una ralentización en la resolución de asuntos, pese a que los jueces han logrado resolver más casos que en años anteriores. Sin embargo, la falta de nuevas plazas estructurales desde 2024 continúa limitando la capacidad de respuesta del sistema judicial regional.
La aprobación del Real Decreto, que se espera entre junio y julio, permitirá poner en marcha estas plazas, aunque su funcionamiento efectivo se retrasará por los plazos administrativos y de selección. Mientras tanto, el TSJCyL trabaja en detectar necesidades adicionales, especialmente en las secciones penales de varias provincias.
El contexto político actual, marcado por la falta de crecimiento en la planta judicial y por la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Organizativa, refleja las dificultades de adaptación del sistema judicial a las demandas crecientes. La decisión de centralizar y reorganizar recursos judiciales responde a un esfuerzo por mantener la operatividad en un escenario de limitaciones presupuestarias y de recursos humanos.
De cara al futuro, la región afronta el reto de implementar la nueva Ley de Eficiencia Organizativa, cuyo éxito será crucial para garantizar una administración de justicia más ágil y eficiente. La atención se centra en la planificación de recursos y en la gestión de una carga de trabajo que sigue siendo elevada, en un contexto de limitaciones estructurales y presupuestarias.