Castilla y León planea una reforma profunda en su Función Pública con horizonte a 15 años

La Junta de Castilla y León trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Función Pública y en una estrategia de recursos humanos con proyección a 15 años. Además, busca concluir la reclasificación profesional del personal laboral, en un contexto de cambio normativo y planificación institucional.

El consejero Luis Miguel González Gago ha informado a los sindicatos de la Mesa General de Negociación sobre estas iniciativas, que pretenden adaptar la normativa autonómica a la legislación básica estatal. La tramitación del nuevo proyecto se prevé con urgencia, con la intención de presentar el texto en las Cortes antes de mediados de 2024.

Estos cambios tienen implicaciones directas en la estructura del empleo público en Castilla y León, que actualmente supera los 97.000 empleados en Administración General, Educación y Sanidad. La reclasificación busca también modernizar y hacer más eficiente la carrera profesional del personal laboral, incluyendo la creación de nuevas categorías y movilidad interna.

El plan estratégico de recursos humanos se concibe como una hoja de ruta a medio y largo plazo, que tendrá en cuenta el envejecimiento de la plantilla, que supera los 55 años en promedio, y las necesidades futuras en atención a una población cada vez más envejecida. La formación en nuevas tecnologías será clave en esta transformación.

Desde la Junta consideran fundamental también involucrar a las generaciones jóvenes, reforzando la captación a través de acuerdos con centros educativos y promoviendo la preparación de oposiciones. Esta estrategia busca revertir la tendencia de difícil cobertura en las plazas convocadas y revitalizar la función pública en la comunidad autónoma.

En el ámbito de la gestión interna, se mantiene como prioridad la negociación del nuevo convenio colectivo y la actualización de la relación de puestos de trabajo. Además, se contempla avanzar en la creación de un sistema de concurso abierto y permanente para facilitar la movilidad del personal, una reivindicación histórica de los sindicatos.

El panorama político en Castilla y León, con un gobierno que busca modernizar la administración pública, establece la base para una serie de reformas estructurales que impactarán en la eficiencia y sostenibilidad del empleo público. La estrecha relación con los agentes sociales será clave en la implementación de estas medidas en los próximos años.