Castilla y León reclama 150 millones en ayudas directas al campo ante crisis estructural
El PSOE de Castilla y León solicita a la Junta la implementación de un plan de 150 millones de euros en ayudas directas para el sector primario. La petición surge en un contexto de grave deterioro en la competitividad agrícola y ganadera, agravado por el incremento en los costes de fertilizantes y combustibles.
La situación del campo en la comunidad se caracteriza por una pérdida progresiva de rentabilidad y una crisis estructural que afecta especialmente a los agricultores y ganaderos. La comunidad enfrenta dificultades en mantener la producción ante los elevados costes y la depreciación de los precios en el mercado europeo, que, según las organizaciones agrarias, no protegen suficientemente al sector.
Desde el ámbito político, la propuesta del PSOE busca complementar las medidas adoptadas por el Gobierno central, que ya destinó 117 millones de euros en fertilizantes y 33 millones en gasóleo. Sin embargo, la gestión autonómica aún no ha articulado un plan definido, lo que genera tensión política y demanda de acciones concretas por parte de las organizaciones agrarias.
El contexto político en Castilla y León se caracteriza por la ausencia de un Presupuesto aprobado, lo que dificulta la puesta en marcha de medidas económicas y sociales. El PSOE exige una actuación inmediata de la Junta, acusando al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco de mostrar pasividad ante una crisis que pone en riesgo la supervivencia del sector primario.
En paralelo, la propuesta de un pacto autonómico por la competitividad del sector primario busca sentar las bases para una estrategia a largo plazo. La iniciativa pretende fortalecer las capacidades del campo en el marco europeo y nacional, reconociendo las vulnerabilidades estructurales y promoviendo políticas activas que aseguren la sostenibilidad y la rentabilidad del sector.
Esta movilización política y social se enmarca en un escenario de incertidumbre para el medio rural en Castilla y León, donde la supervivencia de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas depende de decisiones políticas que puedan garantizar un soporte económico estable y una política agrícola eficiente a nivel comunitario.