El TSJCyL ordena repetir el juicio por agresión frente a sede del PSOE en Ponferrada
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido repetir el juicio por la agresión ocurrida en 2024 en Ponferrada contra Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde. La resolución llega tras la estimación parcial de recursos de apelación contra una sentencia previa en la que se condenaba a dos manifestantes por agresión, insultos y amenazas.
El incidente se produjo durante una concentración frente a la sede del PSOE en Ponferrada, en el contexto de protestas contra la Ley de Amnistía. Los acusados, portando banderas de España, agredieron a Ramón tras salir del edificio, según las pruebas videográficas. La Fiscalía había solicitado penas de cinco y dos años de prisión respectivamente, alegando atentado y amenazas.
El Tribunal ha confirmado la absolución de uno de los acusados por amenazas, pero ha detectado una insuficiencia en la motivación respecto a la absolución del otro por atentado. La Sala ha declarado la nulidad parcial del fallo y ordenado un nuevo juicio con un órgano distinto, centrado en el episodio de agresión física.
Esta decisión refleja la complejidad del caso, que involucra cuestiones de conocimiento de la condición de autoridad y motivación probatoria. La nulidad afecta tanto a la absolución por atentado como a la condena por lesiones, dejando pendiente la resolución definitiva en una instancia superior.
El movimiento judicial se inscribe en el contexto político de polarización en Castilla y León, donde los casos de agresión y violencia en el ámbito político siguen siendo una prioridad judicial. Se espera que el nuevo juicio aporte mayor claridad sobre los hechos y posibles responsabilidades, en un escenario de creciente tensión política en la región.
El futuro del proceso dependerá de la valoración del nuevo tribunal y del desarrollo del juicio, que tendrá lugar en un contexto político marcado por debates sobre la libertad de expresión y la seguridad de los representantes públicos en Castilla y León.