Guardia civil fue exonerado en Valladolid tras acceder a datos de inquilino y avalista en INTPOL.

VALLADOLID, 27 de marzo.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha decidido absolver al agente de la Guardia Civil que se vio envuelto en un polémico caso relacionado con el acceso indebido a información personal de un arrendatario en su archivo de datos INTPOL. El funcionario había consultado la información de su inquilino y de su tío, quien actuaba como avalista en el contrato de arrendamiento de un piso en la capital vallisoletana.

A pesar de que el fiscal solicitó una pena de tres años y medio de prisión, una multa de 7.200 euros y la inhabilitación del agente por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, el tribunal consideró que no hay pruebas suficientes para confirmar que el acceso a la base de datos se realizó sin el consentimiento de los afectados. En este sentido, los jueces concluyeron que no se habían cumplido los requisitos necesarios para aplicar dicha acusación penal, según fuentes del ámbito jurídico que han informado a Europa Press.

La situación se complicó para la acusación cuando el denunciante, arrendatario de la propiedad, no se presentó en el juicio debido a su localización en el extranjero, mientras que el tío del inquilino, Ricardo Amador, testificó en favor del guardia civil. Amador declaró que tanto él como su sobrino habían dado su consentimiento para que se verificaran sus antecedentes con el fin de demostrar que eran personas de confianza.

El agente de la Guardia Civil, asignado a Medina de Rioseco, se mantuvo firme en su defensa, alegando que las consultas realizadas sobre los datos de los arrendatarios, tanto antes como después de la firma del contrato de arrendamiento el 19 de julio de 2021, contaron con el visto bueno explícito de ambas partes.

En sus declaraciones, el guardia civil describió un encuentro previo a la firma del contrato en el que se acordó su derecho a comprobar la fiabilidad de los inquilinos. "Rubén y su tío Andrés me dijeron que, como guardia civil, podía hacer las verificaciones necesarias", explicó, subrayando que la solicitud de acceso a la base de datos había sido directamente planteada por el arrendatario antes de que se venciera el contrato.

El agente consultó los registros de su arrendatario en varias ocasiones, incluso después de que surgieran problemas con impagos. Durante una de estas consultas, descubrió que el arrendatario tenía una denuncia por un robo en Mediamarkt. Por otro lado, las consultas sobre su tío también fueron numerosas, siempre bajo el consentimiento de ambos.

El tribunal se basó en la versión del tío del arrendatario para tomar su decisión, ya que la ausencia del denunciante hizo que solo se contara con estos testimonios. Amador enfatizó que desde el principio se autorizó al guardia civil a acceder a la información personal para confirmar la confiabilidad de ambos.

El avalista, quien se mostró molesto con su sobrino y lo calificó de "sinvergüenza" por haber presentado la denuncia, también defendió la transparencia de sus propias circunstancias, indicando que no se opone a que las autoridades revisen sus datos si no tiene nada que esconder.

A pesar de la defensa sólida del guardia civil y el apoyo de Amador, el fiscal mantuvo su petición de condena, argumentando que se habían realizado accesos no justificados a información sensible y que se había vulnerado la intimidad de los afectados. Sin embargo, la dificultad de probar los hechos, especialmente tras la incomparecencia del denunciante, comprometió la acusación.

Finalmente, el fiscal expresó su frustración por la situación probatoria, lamentando que el tribunal no interrumpiera el juicio a pesar de la incomparecencia y criticando la relación conflictiva entre el tío y el sobrino. Además, destacó que las consultas realizadas por el agente tras el final del contrato levantaron sospechas, sobre todo después de los problemas de pago con el arrendatario.