Investigan a exmonjas de Belorado por presunto trato degradante y administración desleal en un contexto de polémica sobre la gestión religiosa en Castilla y León

El Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao ha citado a dos exmonjas clarisas del monasterio de Belorado (Burgos), Sor Sión y Sor Israel, en calidad de investigadas. Ambas han declarado ante la autoridad judicial, en el marco de una investigación que abarca acusaciones de trato vejatorio, coacciones, abandono y administración desleal, en un caso que ha reavivado el debate sobre la gestión y el control de las instituciones religiosas en Castilla y León.

La investigación surge tras una intervención de la Guardia Civil en diciembre pasado en el convento de Orduña (Bizkaia), donde se encontraban religiosas en condiciones que, según informes, podrían ser degradantes. La acción policial se produjo en respuesta a denuncias sobre el posible maltrato y malas condiciones de las religiosas mayores, de entre 87 y 101 años, trasladadas posteriormente a un hospital para revisión médica.

Este caso se enmarca en un contexto político en el que las instituciones de Castilla y León han estado bajo escrutinio por su relación con la gestión de recursos de entidades religiosas, en medio de un debate sobre la separación entre Estado y confesiones. La investigación judicial se produce en un momento en que la comunidad autónoma ha reforzado su control sobre subvenciones y fondos públicos destinados a actividades religiosas, buscando mayor transparencia y rendición de cuentas.

Las declaraciones de las exmonjas, que niegan cualquier maltrato y aseguran haber cuidado “fenomenal” de las religiosas mayores, coinciden con una estrategia de defensa que busca despejar dudas sobre la gestión del convento. Sin embargo, el proceso judicial ha reavivado la polémica sobre las condiciones en las instituciones religiosas y su relación con las autoridades civiles en la región.

El caso también pone en evidencia las tensiones existentes entre la administración pública y las entidades religiosas en Castilla y León, donde la influencia de la Iglesia en ámbitos sociales y políticos continúa siendo significativa, a pesar de los esfuerzos por garantizar mayor transparencia y control público en los últimos años.

Este episodio refleja la creciente atención social y política sobre la gestión de recursos y el trato a las personas en instituciones religiosas, en un contexto de mayor escrutinio sobre el papel de la Iglesia en la vida pública y la necesidad de garantizar los derechos de las personas mayores en estos entornos.