Justicia en CyL: 139 casos por cada 1.000 habitantes en 2025.

VALLADOLID, 30 de marzo. - Los últimos datos sobre la actividad judicial en Castilla y León revelan una tasa de litigiosidad de 139,04 casos por cada mil habitantes en 2025, una cifra que sitúa a la comunidad por debajo de la media nacional, que se eleva a 153,70. Esta información ha sido compartida recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe anual sobre el estado de los órganos de justicia en el país.

Durante el año pasado, Castilla y León registró un total de 333.864 nuevos casos, logrando una capacidad de resolución que alcanzó los 341.005, abarcando todas las jurisdicciones. A pesar de haber tenido un gran volumen de entradas, la comunidad ha logrado finalizar el año con 170.240 casos aún en proceso, lo que representa una disminución del 3,9% en la carga de trabajo pendiente con respecto al año anterior.

La tasa general de resolución ha llegado a 1,02, evidenciando que se ha gestionado un número mayor de casos de los que han ingresado a lo largo del año. La jurisdicción civil ha sido la más activa, con 144.659 asuntos nuevos y 159.435 casos resueltos, destacando los Juzgados de Primera Instancia que han recibido 67.409 nuevos casos. En esta área, se han emitido un total de 57.149 sentencias y 51.292 autos, con una tasa de congestión de 1,55 y una de resolución del 1,10, lo que indica un avance significativo en la gestión judicial.

En el ámbito penal, los tribunales de la comunidad han recibido 156.795 casos, resolviendo 150.345 de ellos, lo que deja 58.912 casos pendientes al concluir el periodo. Los Juzgados de Instrucción han experimentado la mayor carga de trabajo, con 58.865 asuntos, seguidos por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que han tenido 54.651 casos. A lo largo del año, esta jurisdicción ha dictado 25.481 sentencias y tramitado 93.556 autos, manteniendo una tasa de resolución de 0,96 y una de pendencia de 0,39.

En cuanto a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, esta ha recibido 7.362 asuntos, de los cuales ha resuelto 7.119. Por su parte, en el ámbito social, se han contabilizado 25.048 nuevos casos frente a 24.106 resueltos, con los Juzgados de lo Social dictando 10.873 sentencias, y cerrando el año con una tasa de congestión notablemente alta, de 1,75.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también ha contribuido a la resolución de asuntos, abordando 3.491 casos en su Sala de lo Social y 2.463 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Finalmente, respecto a la ejecución de sentencias, la región ha registrado 62.705 ejecuciones, habiendo resuelto 57.665 durante el período estudiado. Al finalizar 2025, quedaban en trámite 141.097 ejecuciones, de las cuales 117.652 pertenecían a la jurisdicción civil y 20.633 a la penal. Los Juzgados de Primera Instancia lideran la lista de ejecuciones pendientes, totalizando 65.366 al final del cuarto trimestre.

A nivel nacional, el número de asuntos ingresados en los tribunales españoles ha disminuido un 3,2% en comparación al año anterior, alcanzando un total de 7.550.806 nuevos procedimientos. En este contexto, Castilla y León figura entre las comunidades con el menor índice de actividad judicial por habitante, distanciándose de regiones como Canarias y Madrid, que lideran la estadística con tasas de 202,06 y 166,46, respectivamente.

En términos de capacidad de respuesta judicial, el informe resalta un aumento del 2% en el número de casos resueltos a nivel nacional, sumando un total de 7.437.033 resoluciones. Sin embargo, a pesar de este progreso, la pendencia global ha crecido un 3,4%, culminando el año con 4.673.596 asuntos aún sin resolver.

Por jurisdicciones, el ámbito Penal es el único que ha presentado un crecimiento en la recepción de nuevos casos a nivel estatal, con un incremento del 1,4%, totalizando 3.550.118 procedimientos. En contraposición, la jurisdicción Civil ha visto una disminución del 7,7%, mientras que los órdenes Contencioso-Administrativo y Social han registrado reducciones del 4,2% y 2,8%, respectivamente.

Para la elaboración de esta estadística de litigiosidad en diferentes territorios, el CGPJ ha utilizado cálculos basados en las cifras de la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 1 de enero de 2025.