La ampliación del vertedero de Santovenia genera controversia política y judicial
El Consejo de Medio Ambiente de Castilla y León aprobó recientemente la ampliación del vertedero de Santovenia de Pisuerga, aumentando su capacidad en 125.000 metros cúbicos. La decisión ha sido polémica, dado que la organización Ecologistas en Acción ha anunciado que recurrirá judicialmente, considerando que la aprobación carece de base legal.
El conflicto se enmarca en un contexto donde la instalación, gestionada por Cetransa del grupo Urbaser, no cuenta con la autorización ambiental vigente ni con la declaración de impacto ambiental de 2014. Además, el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia, emitido en junio de 2024, refuerza la ilegalidad de la ampliación, ya que prohíbe expresamente dicha modificación en el Plan General de Ordenación Urbana.
Las implicaciones de esta decisión afectan tanto a la protección ambiental como a la legalidad administrativa, poniendo en duda la coherencia entre las decisiones del Consejo y las normativas locales y regionales. Ecologistas en Acción advierte que la aprobación podría constituir un acto de prevaricación y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León si no se revierte.
Desde el ámbito político, la polémica refleja tensiones entre el Gobierno autonómico y las organizaciones ecologistas, así como la influencia de intereses económicos en la gestión de residuos peligrosos. La Junta de Castilla y León mantiene su posición de respaldo a la ampliación, pese a la oposición de los informes técnicos y jurídicos contrarios.
Este episodio evidencia la complejidad de gestionar residuos peligrosos en la región y pone en tela de juicio la transparencia y rigor en los procesos administrativos. La decisión también genera un debate sobre la protección del río Pisuerga y el impacto ambiental a largo plazo en la zona, que requiere una revisión exhaustiva y una posible reconsideración por parte de las autoridades.
De cara al futuro, la controversia anticipa una intensificación en las disputas legales y políticas en torno a la gestión de residuos en Castilla y León. La resolución de este conflicto podría marcar un precedente importante en la regulación de instalaciones peligrosas y en la vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística en la región.