La Junta refuerza el Fondo de Cohesión con criterio de solidaridad territorial en Castilla y León
La Consejería de la Presidencia y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León han renovado el acuerdo del Fondo de Cohesión Territorial, incorporando un criterio de solidaridad que favorece a las provincias con mayores dificultades demográficas. La inversión total de 20 millones de euros se reparte en función de las tasas de paro y despoblación, priorizando las zonas más afectadas.
Este mecanismo busca distribuir los fondos de manera más equitativa, atendiendo a las diferentes condiciones socioeconómicas de cada provincia. Algunas, como Soria, reciben un 102% más respecto a los criterios tradicionales, mientras que otras, como León y Salamanca, lideran en aportaciones absolutas, con más de 3 millones de euros cada una. La iniciativa afecta a casi todos los municipios menores de 20.000 habitantes, que representan casi la totalidad del territorio rural de la comunidad.
El fondo destina recursos para obras en servicios básicos, como saneamiento, alumbrado o mantenimiento de calles. La gestión más ágil y flexible, con tramitación mediante silencio positivo, facilitará a los ayuntamientos aprovechar al máximo estos fondos en 2026. Además, la participación de diputaciones y municipios en la financiación busca potenciar el impacto de las inversiones y promover la colaboración institucional.
Desde el ámbito político, esta medida refleja una intención de la Administración autonómica de corregir desequilibrios y fortalecer las zonas menos pobladas. La presidenta de la Diputación de Palencia ha destacado que “la cohesión no implica igualar, sino responder a las necesidades específicas de cada territorio”, en línea con las políticas de descentralización y atención a la despoblación que impulsan los gobiernos autonómico y central.
El acuerdo también plantea un debate sobre el modelo de financiación local y su relación con la financiación autonómica. Los responsables defienden que la distribución de recursos debe ajustarse a las particularidades de cada municipio y provincia, y reclaman una mayor implicación del Estado para garantizar condiciones de igualdad real. La futura aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio y una revisión del sistema de financiación son demandas recurrentes en este contexto.
En perspectiva, esta iniciativa puede marcar el camino hacia una política de cohesión más inclusiva y adaptada a las realidades territoriales. La atención a la despoblación y la distribución de recursos en función de las necesidades específicas seguirán siendo ejes fundamentales en la agenda política de Castilla y León, en un escenario donde la colaboración institucional será clave para sostener el desarrollo rural.