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Política 1 de Septiembre de 2026 · 14:33h 2 min de lectura

Mañueco garantiza ayudas a agricultores en los Presupuestos de 2027

El Gobierno de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, asegura que responderá a las solicitudes de ayudas económicas para el sector agrícola en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2027, que se presentará antes del 15 de octubre. La cifra prevista para ayudas directas supera los 150 millones de euros, destinadas a mitigar la crisis que afronta el sector.

Este compromiso se enmarca en un contexto político de estabilidad relativa, con un Ejecutivo autonómico de coalición entre PP y Vox que ha reforzado su discurso de apoyo al agro. La gestión presupuestaria ha estado marcada por negociaciones internas tras el cierre del plazo de peticiones, con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos por el Estatuto de Autonomía.

La implicación de la Junta refleja una estrategia de consolidación de la relación con las organizaciones profesionales agrarias, que reclaman ayudas directas para hacer frente a la crisis. La respuesta, según el presidente, será coordinada en el marco de los próximos Presupuestos, en línea con la voluntad de atender las demandas del sector en un escenario de incertidumbre económica.

Desde el punto de vista político, la promesa de Mañueco busca fortalecer la imagen del Gobierno en un momento donde la agricultura y la ganadería son sectores clave para la economía regional. La discusión presupuestaria se da en un contexto de especial sensibilidad ante los efectos del cambio climático y la volatilidad de los mercados internacionales.

De cara al futuro, la aprobación de unos Presupuestos que incluyan estas ayudas será un indicador del compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector primario. La aprobación definitiva dependerá de las negociaciones internas y del equilibrio político en Castilla y León, en un escenario en que las políticas rurales adquieren cada vez mayor relevancia.

En definitiva, la respuesta de la Junta a estas solicitudes de ayuda será un elemento decisivo para evaluar la voluntad política de apoyar a un sector fundamental para la economía y el empleo en la comunidad, en un contexto de retos económicos y sociales a medio plazo.

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