Valladolid prorroga sanciones en la ZBE mientras busca una forma legal de levantarlas.
VALLADOLID, 30 de marzo.
El concejal responsable de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha manifestado su postura favorable hacia una iniciativa del Grupo Socialista que busca implementar "de manera urgente" la suspensiónde multas asociadas a la Zona de Bajas Emisiones. Esta ordenanza fue recientemente invalidada por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sin embargo, Gutiérrez sugirió que la petición fuera formulada como un acuerdo del Pleno en lugar de simplemente "instar al alcalde", Jesús Julio Carnero, algo que no fue aceptado por el PSOE, resultando en el rechazo de la propuesta.
En la sesión del Pleno municipal de marzo, se aprobó una moción impulsada por el equipo de gobierno del PP y Vox que solicita el inicio de trámites administrativos para suspender las sanciones derivadas de la mencionada ordenanza. Por ahora, las multas y la ZBE se mantienen en vigor, aunque el alcalde ha señalado la "urgencia" con la que se planea actuar en este asunto.
Jesús Julio Carnero ha afirmado que su administración explorará "tres frentes" para responder a esta situación. Se contempla interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, redactar una nueva norma para la ZBE adaptada a la legislación vigente —considerando la evolución hacia enfoques que prioricen los picos de contaminación— y formular de manera urgente un mecanismo legal que suspenda las multas, garantizando la adecuada gestión de las ayudas europeas relacionadas.
Durante el debate sobre la moción del PP y Vox, el Grupo Municipal Socialista presentó siete enmiendas, argumentando que el gobierno local tiene la capacidad de resolver el dilema generado por la anulación de la ordenanza de la ZBE, aprobada anteriormente por las formaciones de derecho.
El portavoz socialista, Pedro Herrero, criticó al alcalde, sugiriendo que podría haber tomado la decisión de detener las multas y reevaluar aquellas ya impuestas desde la anulación de la normativa. Herrero señaló que esta acción podría haber sido realizada inmediatamente después de la sentencia del 17 de marzo.
En su intervención, Gutiérrez Alberca sugirió que tanto PP como Vox están de acuerdo en suspender todos los procedimientos sancionadores en curso, incluidos aquellos previos a la sentencia. Propuso así una "enmienda transaccional" para abordar el asunto.
"Si nuestro enfoque se centra en el bienestar ciudadano, podemos resolver este tema y empezar a trabajar en la nueva ordenanza y en la protección de los fondos europeos", expuso Gutiérrez. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por Herrero, quien afirmó que esta idea ya había sido presentada por su grupo y acusó al PP de querer modificar su propia moción por ser "deficiente".
Tras las exposiciones de todos los grupos, el alcalde insistió en que para lograr el apoyo a las enmiendas del PSOE, estas debían modificar el lenguaje de "instar al alcalde" a "el Pleno acuerda". Sin embargo, el portavoz socialista se mantuvo firme en su posición, lo que llevó a que se rechazarán las enmiendas y la moción del PP y Vox fue aprobada con 14 votos a favor y dos en contra, además de las abstenciones de los representantes del PSOE.
Durante el debate, los opositores criticaron la gestión del equipo de gobierno en relación con la ZBE. El Partido Popular señaló que varios ayuntamientos en España enfrentan situaciones similares debido a "defectos de forma". Irene Carvajal, portavoz de Vox, defendió el carácter menos restrictivo de la ZBE en Valladolid, al mismo tiempo que acusó al exalcalde y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, de usar los fondos europeos como una forma de presión.
Carvajal se refirió al PSOE de manera despectiva como "PSOE-saunas", y Herrero recordó que la ZBE de Valladolid también es parte de la agenda de Vox, dado que votaron a favor de su instauración inicialmente, en alianza con el PP.
La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, coincidió con Herrero en que el "problema de las multas" podría haberse solucionado, pero criticó al gobierno por mantener a la población en una "inseguridad jurídica" respecto a las sanciones impuestas tras la anulación de la normativa.
"Lo sensato sería que se pusieran a trabajar en el establecimiento de una nueva Zona de Bajas Emisiones, ya que la salud de los vecinos está en juego", advirtió Anguita, planteando la incógnita de si PP y Vox propondrán un área similar a la que aprobaron a finales de 2024, o si, en un tono irónico, dejarán la ZBE "sólo en la Plaza Mayor".