Aumentan un 7,6% las denuncias por violencia de género en Castilla y León en 2026

Las denuncias por violencia de género en Castilla y León alcanzaron las 1.660 en el segundo trimestre de 2026, un incremento del 7,65% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra refleja una tendencia al alza en la comunidad, en línea con el incremento nacional del 9,81%, que situó las denuncias en 55.712. La comunidad mantiene una tasa de 12,2 víctimas por cada 10.000 mujeres, significativamente por debajo de la media nacional de 20,0.

El aumento en las denuncias se acompaña de un incremento en las víctimas que optan por no declarar contra sus agresores, con un 24,49% más respecto a 2025, y en las solicitudes de órdenes de protección, que crecieron un 4,83%. Sin embargo, en el ámbito judicial, las condenas emitidas en Castilla y León en procedimientos por violencia de género alcanzaron el 88,94%, cifras que reflejan la gravedad del problema y la respuesta del sistema judicial.

Este incremento coincide con un contexto político marcado por debates sobre la adecuación de las políticas públicas y la protección a las víctimas. La comunidad ha reforzado sus recursos en materia judicial y social, en un momento en que la atención a la violencia de género sigue siendo una prioridad en la agenda pública y política nacional.

Desde una perspectiva política, el aumento en las denuncias puede interpretarse como un mayor empoderamiento de las víctimas o, en algunos casos, como un reflejo de la persistencia del problema. La respuesta institucional incluye el incremento de medidas de protección y la judicialización de los casos, aunque la efectividad y la percepción social de dichas medidas siguen siendo temas de discusión.

De cara al futuro, la tendencia al alza en las denuncias y en la protección judicial exige una revisión continua de las políticas y recursos destinados a la erradicación de la violencia de género. La comunidad deberá seguir fortaleciendo la coordinación entre instituciones y promoviendo campañas de sensibilización para reducir la incidencia y mejorar la protección de las víctimas.