Castilla y León implementará hasta 60 euros en complementos por tutoría y reducirá horas a docentes mayores de 55 años
La Consejería de Educación de Castilla y León ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CSIF, ANPE y STECYL-i para introducir mejoras en las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública no universitaria. La medida contempla un complemento económico progresivo de hasta 60 euros mensuales por función tutorial y una reducción gradual de hasta tres horas lectivas para docentes mayores de 55 años. Las disposiciones entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2026, en línea con el calendario establecido en 2025.
Este acuerdo surge en un contexto de reclamaciones históricas por parte del sector, que busca equiparar las condiciones laborales del profesorado de Castilla y León con las de otras comunidades autónomas. La iniciativa pretende reforzar el reconocimiento de la labor tutorial, que en la actualidad carece de una retribución específica, y al mismo tiempo aliviar la carga de trabajo de los docentes de mayor edad, en un momento de creciente preocupación por la salud laboral y el envejecimiento del profesorado.
La aplicación de estas medidas será automática para el personal que cumpla los requisitos, evitando cargas burocráticas adicionales. Los docentes que deseen mantener su horario habitual deberán realizar una renuncia expresa a estos beneficios. La progresión del complemento económico comenzará en 20 euros en 2026/2027 y llegará a los 60 euros en 2028/2029. La reducción de horas se implementará en fases, alcanzando las 21 horas para maestros y 14 periodos para otros cuerpos, en un proceso que contempla varias etapas hasta 2032.
Desde la perspectiva política, este acuerdo refleja una apuesta del Ejecutivo autonómico por mejorar la atención al profesorado, en un contexto de presión por mejorar las condiciones laborales y salariales ante el déficit de docentes y las demandas sindicales. Sin embargo, las organizaciones firmantes advierten que seguirán reivindicando mayores avances, como la extensión de la tutoría a todas las etapas educativas y mejoras salariales, en línea con otras comunidades autónomas.
El pacto también responde a un escenario de mayor exigencia en el sistema educativo, donde la reducción de cargas y el reconocimiento económico son clave para la retención del profesorado. La comunidad busca fortalecer la estabilidad y la motivación del personal, en un contexto de desafíos educativos derivados de la pandemia y cambios en las metodologías pedagógicas. La perspectiva futura apunta a mantener el diálogo entre Administración y sindicatos para ampliar estas mejoras y asegurar su cumplimiento.