Castilla y León recurrirá el nuevo decreto del Gobierno sobre menores extranjeros no acompañados
La Junta de Castilla y León ha anunciado que interpondrá un recurso contra el Real Decreto 556/2026, aprobado el 30 de junio, que asigna una capacidad de 833 menores extranjeros no acompañados a la comunidad. La Administración autonómica considera que la norma se ha dictado sin un acuerdo previo con las comunidades autónomas ni respetando sus competencias en protección infantil.
Este decreto establece una capacidad que, según la Junta, no refleja la realidad del territorio ni la carga de trabajo del sistema de protección en Castilla y León. La comunidad ha puesto en duda la justificación del incremento respecto a cifras anteriores, que también estaban impugnadas, y denuncia que la asignación se basa en criterios políticos más que en datos objetivos.
El Gobierno autonómico sostiene que la política migratoria del Ejecutivo central no respeta el marco de colaboración institucional. La diferencia en los números, en una comunidad donde la población apenas ha crecido un 0,72% en un año, evidencia una desconexión con la realidad local. Esto complica la planificación y sostenibilidad de los recursos destinados a menores en protección.
Desde una perspectiva política, la tensión entre la Junta y el Gobierno central refleja una disputa sobre competencias y modelos de gestión en materia de protección infantil. La Junta busca defender su autonomía y garantizar recursos adecuados para su territorio, frente a decisiones centralizadas que considera unilaterales.
En un contexto más amplio, la disputa evidencia las dificultades de coordinación en la política migratoria y de protección de menores en España. La resolución de este conflicto dependerá en parte de la evolución de las relaciones institucionales y de posibles negociaciones futuras que puedan ajustarse a las necesidades reales de cada comunidad.
El recurso presentado por Castilla y León plantea un escenario de confrontación política que puede tener repercusiones en la gestión de menores extranjeros no acompañados en toda España. La resolución de este conflicto será clave para definir el grado de autonomía de las comunidades en políticas de protección social.