El TS admite a trámite el recurso de Castilla y León contra la regularización migratoria

El Tribunal Supremo ha iniciado el proceso para evaluar el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de migrantes, que podría afectar a más de un millón de personas en España. La Junta argumenta que el decreto rompe con criterios históricos y pone en riesgo el control migratorio en el marco europeo.

Este proceso se enmarca en un contexto político en el que la comunidad autónoma ha cuestionado la dimensión y los efectos del decreto, aprobado en abril de 2026. La regulación ha generado controversia por su alcance sin precedentes y por la forma en que modifica los requisitos para regularizar a inmigrantes en situación irregular.

Las implicaciones de esta impugnación son relevantes, ya que podrían frenar o modificar la aplicación de la norma, que en su versión inicial preveía regularizar a aproximadamente 500.000 personas, cifra que se ha incrementado a más de un millón en estimaciones recientes. La Junta sostiene que el decreto flexibiliza excesivamente los requisitos y reduce las garantías para acreditar la residencia y antecedentes penales.

Desde una perspectiva política, la impugnación refleja las tensiones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en materia migratoria. Castilla y León busca defender sus competencias y garantizar un marco legal que considere sus particularidades y la normativa europea. La decisión del Supremo puede marcar un precedente en el control judicial de futuras regulaciones migratorias.

En un contexto más amplio, este caso evidencia la complejidad de armonizar las políticas migratorias nacionales con las directrices europeas. La resolución que adopte el Tribunal Supremo será determinante para la interpretación del alcance de las regulaciones en estos ámbitos y el papel de las comunidades autónomas en su implementación futura.