Castilla y León recurrirá judicialmente todos los expedientes de menores sin retorno a Marruecos

El Gobierno de Castilla y León ha anunciado que impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de menores migrantes que no concluyan con su retorno a Marruecos. La decisión afecta a aquellos casos en los que la comunidad considera que no existen fundamentos jurídicos para otra resolución, priorizando la protección del interés superior del menor. La postura se enmarca en una estrategia de defensa de competencias autonómicas frente a decisiones del Estado central.

El Ejecutivo autonómico argumenta que la legislación española e internacional respalda el retorno a Marruecos, ya sea mediante reunificación familiar o entrega a las instituciones marroquíes. Castilla y León sostiene que la competencia en materia de extranjería aún no ha sido ejercida correctamente por el Estado, por lo que la Junta considera que los procedimientos están siendo precipitados y contrarios a la protección del menor.

En este contexto, la comunidad ha solicitado que no se inicien actuaciones de traslado de menores no acompañados hasta que los expedientes individualizados estén concluidos. Además, se ha manifestado en contra de la distribución de menores en otras regiones, alegando que las decisiones deben basarse en el interés individual y respetar los derechos de los menores.

Desde la perspectiva política, la confrontación refleja las tensiones existentes entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en la gestión de la migración infantil no acompañada. Castilla y León defiende que su actuación responde a una interpretación del marco jurídico que prioriza la protección del menor y la responsabilidad compartida entre ambos niveles de gobierno.

Este conflicto legal y político se encuentra en una fase inicial, pero podría marcar un precedente importante en la gestión autonómica de la migración infantil. La resolución de estos expedientes y la eventual postura judicial determinarán en qué medida las comunidades pueden ejercer su competencia en un asunto que también implica obligaciones internacionales y derechos fundamentales.