Condenado a 23 años y medio de prisión por una agresión sexual grupal en Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a C.H. a penas que suman veintitrés años y seis meses de prisión por agredir sexualmente en grupo a una mujer con discapacidad intelectual en 2023. El tribunal fijó en veinte años el límite máximo de cumplimiento efectivo de privación de libertad. La acusación y el fiscal habían solicitado un total de 112 años.

Según la resolución, los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de agosto de 2023 en el parque Fuente de la Salud de Valladolid. El acusado abordó a la víctima junto a otros jóvenes, le hizo creer que portaba una navaja para impedir que se marchara y le sustrajo veinte euros. Después llamó a otros varones hasta reunir a al menos siete personas, que rodearon a la mujer en una zona apartada y la forzaron a mantener prácticas sexuales, en un contexto de vejaciones, golpes e insultos, durante cerca de dos horas.

El tribunal considera probado que el condenado grabó dos vídeos con su teléfono móvil y que no atendió la advertencia de una persona allegada, que le pidió que parara al constatar la discapacidad de la mujer. La Sala subrayó que actuó con pleno conocimiento de la indefensión de la víctima, que tiene reconocida una discapacidad del 59 por ciento.

Las penas se desglosan en quince años por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal como coautor, seis años por elaboración de material pornográfico con persona con discapacidad y dos años y medio por robo con intimidación. La sentencia añade diez años de libertad vigilada posterior, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante veinticuatro años e inhabilitación especial de veinte años para labores con menores de edad. En el ámbito civil, deberá indemnizar a la víctima con 35.260 euros y abonar 202,82 euros a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El caso tiene también un componente judicial paralelo: dos menores supuestamente implicados en los mismos hechos fueron juzgados en el Juzgado de Menores en junio. Uno fue absuelto y el otro condenado como autor de seis delitos de violación a tres años de internamiento en régimen cerrado, condena en la que la prueba de ADN fue determinante. La sentencia ordena además el borrado seguro e irreversible de las grabaciones una vez que adquiera firmeza.