El TSJCyL condena a Sacyl a indemnizar por muerte por perforación intestinal
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia que condena a la Consejería de Sanidad a indemnizar con 120.000 euros a la familia de un paciente fallecido en Ávila en 2022 por una perforación intestinal no detectada en la primera atención en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
El paciente, de 56 años, acudió inicialmente por dolor abdominal y estreñimiento prolongado. Tras exploraciones analíticas y radiológicas, fue dado de alta con diagnóstico de dolor secundario al estreñimiento. Dos días después, regresó con síntomas agravados y fue diagnosticado con diverticulitis perforada, sometiéndose a cirugía de urgencia. Pese a ello, falleció por shock séptico y fallo multiorgánico.
El tribunal considera que durante la primera atención debieron realizarse pruebas diagnósticas más exhaustivas, como un TAC abdominal, dadas las circunstancias y antecedentes del paciente. La omisión de esta prueba se asocia a una reducción significativa en sus posibilidades de supervivencia, aunque no se puede afirmar que un diagnóstico más temprano hubiera evitado la muerte.
Este fallo se basa en la figura jurídica de pérdida de oportunidad terapéutica, que reconoce indemnizaciones cuando la actuación médica limita las opciones reales de tratamiento, sin garantizar un resultado específico. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Este caso refleja la necesidad de revisar protocolos y criterios en atención de urgencias, especialmente en pacientes con antecedentes y síntomas complejos. La sentencia pone en evidencia la responsabilidad del sistema sanitario en la detección temprana de patologías potencialmente fatales, en un contexto donde la gestión y la dotación de recursos en sanidad pública son temas de debate político y administrativo en Castilla y León.
Mirando hacia el futuro, este incidente puede impulsar una revisión de protocolos clínicos y una mayor formación en diagnósticos diferenciales, en un sistema sanitario que busca equilibrar la eficiencia con la calidad asistencial, en un contexto de restricciones presupuestarias y desafíos en la gestión pública.