Funcionarios de la USAL protestan por premio de jubilación antes del acto de Honoris Causa
Funcionarios de la USAL protestan por el pago del premio de jubilación, en medio de tensiones por incumplimientos y recortes en la institución académica.
Los empleados públicos de la Universidad de Salamanca (USAL) han llevado a cabo una manifestación en la mañana del 20 de mayo para exigir el pago de su premio de jubilación, que asciende a 9.000 euros por trabajador. La protesta coincidió con la ceremonia de investidura Honoris Causa del presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en un contexto de tensión por la falta de cumplimiento de acuerdos previos.
Estos empleados, pertenecientes al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), argumentan que el premio de jubilación forma parte de su salario diferido y que su ausencia supone una merma en sus futuras pensiones. La situación refleja un conflicto más amplio en la institución, donde los recortes y retrasos salariales afectan a diversos colectivos desde hace años, y que ahora se ha intensificado ante las promesas incumplidas por la gerencia universitaria.
El reglamento que regula el pago de estos premios, acordado previamente con la gerencia, no se está aplicando correctamente, según denuncian los sindicatos. Esto afecta no solo a las condiciones laborales, sino también a la cotización y jubilación de los empleados, quienes consideran que la falta de pago es una pérdida económica significativa y un incumplimiento de los compromisos adquiridos por la universidad.
La protesta también señala que en 2025, unas 30 personas que estaban en proceso de jubilarse no recibieron este premio, lo que ha motivado una escalada en las movilizaciones. Los sindicatos han anunciado que volverán a manifestarse el 28 de mayo frente al Rectorado, con la intención de negociar una solución satisfactoria y evitar que esta problemática perdure.
El contexto político en Salamanca y Castilla y León, marcado por recortes en el gasto público y cambios en la gestión universitaria, influye en la situación. La universidad, dependiente en parte de fondos públicos, enfrenta presiones para reducir costes, lo que complica la aplicación de acuerdos laborales y sociales. La tensión refleja las dificultades de un sistema universitario en proceso de transformación y austeridad.
De cara al futuro, la reclamación de los empleados podría abrir un debate sobre las condiciones laborales en las universidades públicas de la región. La insistencia en el pago de estos premios y la negociación con las autoridades universitarias puede marcar un precedente en la defensa de los derechos del personal funcionario ante las políticas de ajuste y gestión presupuestaria.