La licitación de obra pública en Castilla y León cae un 7,7% en 2025, hasta 2.184 millones
La licitación de obra pública en Castilla y León ha disminuido en 2025 un 7,7 por ciento respecto al año anterior, alcanzando los 2.184 millones de euros. Este descenso refleja una caída significativa en la inversión pública, especialmente en la administración autonómica, que ha reducido su volumen en un 23,5 por ciento, con 556 millones licitados frente a los 727 millones de 2024. La participación del Gobierno central también ha bajado ligeramente, aunque mantiene un alto grado de cumplimiento en las adjudicaciones.
El contexto político en la comunidad ha influido en estos datos, en un año preelectoral donde tradicionalmente se incrementan las inversiones en obra pública. Sin embargo, en 2025, la Junta de Castilla y León ha mostrado poca actividad en licitaciones, lo cual genera preocupación en el sector de la construcción y en los profesionales que dependen de estas inversiones para garantizar el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras esenciales.
Esta contracción en la inversión pública tiene implicaciones directas en el sector de la construcción y en el empleo local. Desde 2009, el volumen de negocio en este sector ha caído en más de la mitad, y el empleo ha reducido en aproximadamente 5.000 puestos de trabajo. La falta de inversiones sostenidas puede afectar el futuro de la competitividad y el desarrollo de infraestructuras que permitan a Castilla y León afrontar retos como la modernización de su red de carreteras y obras hidráulicas.
Las perspectivas para 2025 no son alentadoras. Las estimaciones sitúan la licitación en torno a los 2.050 millones, con un cumplimiento del 56 por ciento, lo que refleja la incertidumbre del sector ante la falta de inversión pública. La tendencia actual sugiere que, sin un impulso significativo por parte del nuevo gobierno autonómico, la recuperación será limitada, afectando la capacidad de la comunidad para modernizar sus infraestructuras y promover el crecimiento económico.
El panorama político en Castilla y León, marcado por la entrada en vigor de un nuevo ejecutivo conformado por el PP y Vox, plantea interrogantes sobre la apuesta futura por la inversión en obra pública. La experiencia pasada indica que los años preelectorales suelen ser periodos de mayor inversión, pero en 2025 esa tendencia no se ha consolidado. La decisión de mantener bajos los niveles de licitación puede tener consecuencias a largo plazo para la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado en la comunidad.
En un contexto más amplio, la desaceleración en la inversión pública en Castilla y León refleja un escenario nacional en el que las prioridades de gasto y la estabilidad política afectan directamente a la planificación de infraestructuras. La recuperación del sector de la construcción y la adecuación de las infraestructuras serán claves en los próximos años para fortalecer la competitividad y garantizar un crecimiento sostenible en la comunidad.