Sen subraya que la Fiscalía determina la edad de menores sin necesidad de nuevas pruebas

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado que la Fiscalía ya interviene en la determinación de la edad de menores extranjeros no acompañados, garantizando los derechos médicos y jurídicos. Además, ha instado a la Junta a participar en las reuniones para abordar el reparto y la atención de estos menores, en un contexto de debate político y social sobre la gestión de la inmigración.

Este pronunciamiento se produce tras las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, quien rechazó la acogida de más menores en la comunidad y anunció que la Junta priorizaría la devolución a sus países de origen. La discusión refleja las tensiones entre las competencias autonómicas y las políticas nacionales en materia de inmigración y protección infantil, en un escenario de creciente presión social y mediática.

Desde el Gobierno central, se insiste en la importancia del diálogo y la colaboración entre administraciones para garantizar el interés superior del menor y cumplir con los requisitos legales. La participación de la Fiscalía en las pruebas de edad busca evitar actuaciones arbitrarias y asegurar procedimientos transparentes, en línea con los derechos humanos y las normativas vigentes.

El debate político también pone en evidencia las diferencias en la gestión de los recursos y las políticas de integración. La Junta defiende que Castilla y León no puede acoger más menores sin recursos adecuados, mientras que el Gobierno central llama a la responsabilidad compartida y al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección a la infancia.

De cara al futuro, la situación continuará siendo un punto de fricción en la política autonómica y estatal. La colaboración y el diálogo serán claves para afrontar la problemática de manera efectiva, sin perder de vista los derechos y la dignidad de las personas afectadas. La atención a menores migrantes seguirá siendo un desafío que requiere soluciones coordinadas y respetuosas con la legalidad y los derechos humanos.