Solo uno de cada ocho inmigrantes irregulares abre cuenta básica, según Banco de España

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, reveló que aproximadamente solo el 12,5 % de los inmigrantes en situación irregular en España disponen de una cuenta de pago básico. Este dato refleja una significativa brecha en la inclusión financiera de esta población, que supera las 600.000 personas en situación irregular, y que podría incrementarse tras el proceso de regularización en marcha.

El informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España destaca que en promedio se abren unas 25.000 cuentas básicas anualmente, cifra muy inferior a las personas en situación irregular. La baja bancarización limita la integración social y económica de estos colectivos, afectando su acceso a servicios esenciales y a la participación en la economía formal.

Este déficit en inclusión financiera tiene implicaciones en la lucha contra la exclusión social y en la eficiencia del sistema financiero. La dificultad para acceder a productos bancarios formales puede derivar en un mayor uso de remesas y créditos informales, además de un rechazo mayor a solicitudes de crédito formal por parte de estos inmigrantes.

Desde el Banco de España se aboga por mejorar la educación financiera y facilitar el acceso a cuentas de pago básico. También se propone adaptar productos y simplificar la normativa para reducir las barreras regulatorias y promover la inclusión de todos los colectivos en el sistema financiero.

En un contexto político marcado por las recientes regulaciones migratorias y las políticas de integración, estos datos subrayan la necesidad de reforzar las políticas públicas en materia de inclusión financiera, especialmente en un momento en que la regularización extraordinaria puede incrementar significativamente la población en situación irregular, afectando la dinámica social y económica del país.

El avance en la integración financiera de inmigrantes en situación irregular será clave para fortalecer la cohesión social y mejorar la eficiencia del sistema financiero en los próximos años. La adaptación normativa y la mayor sensibilización social serán fundamentales en este proceso.