UGT denuncia a la Junta por retrasos en reclasificación de 5.000 empleados públicos

UGT ha presentado una demanda ante el TSJCyL contra la Junta de Castilla y León por incumplimiento en la reclasificación de 5.000 empleados laborales, prevista para enero de 2025. La demanda refleja un incumplimiento sistemático del convenio firmado en 2023, que afecta a más de 15.000 trabajadores públicos en diferentes sectores y consejerías.

Este conflicto se enmarca en un contexto de retrasos en la adaptación de categorías profesionales a los acuerdos de Bolonia, que buscaba actualizar las funciones y titulaciones del personal laboral. La Junta no ha avanzado en la reclasificación pese a las reiteradas reuniones y denuncias, lo que ha generado malestar entre los sindicatos y deteriorado la calidad del servicio público.

La falta de voluntad negociadora por parte de la Administración regional ha motivado que UGT opte por acciones judiciales, tras advertir que la inacción afecta tanto a los empleados como a los usuarios de los servicios públicos. La Junta ha incumplido un mandato que debía haberse cumplido antes del 31 de diciembre de 2024, y mantiene una postura de resistencia al proceso de reclasificación acordado.

Desde los sindicatos se denuncia que el retraso supera los diez años en algunos casos y que la situación evidencia una falta de compromiso con la mejora de las condiciones laborales y la calidad del servicio. La problemática se ve agravada por la posible privatización de servicios y la falta de avances en la reversión de servicios externalizados, aspectos también en agenda sindical.

La perspectiva futura apunta a una intensificación de las reclamaciones judiciales y a una mayor presión política para que la Junta cumpla con los compromisos firmados. La negociación, que ha sido esquiva en los últimos años, se presenta como el camino para resolver este conflicto, aunque el sindicato advierte que no se cerrarán a nuevas acciones si no hay avances concretos.

Este caso refleja un escenario más amplio de tensión entre la administración autonómica y los representantes laborales, en un contexto político donde los cambios en el gobierno regional y las promesas de reformas en la administración pública podrían influir en futuras decisiones y en la resolución de estas reclamaciones.