Castilla y León, segunda en Servicios Sociales según el Índice DEC

Castilla y León ha obtenido una calificación de 7,20 en Servicios Sociales, situándose en segundo lugar a nivel nacional, solo por detrás del País Vasco, que alcanza un 7,35. El informe del Índice DEC destaca la mejora sostenida desde 2012 y el equilibrio del sistema regional, que combina cobertura y gasto de forma eficiente.

El análisis revela que la Comunidad invierte 627,7 euros por habitante y año en Servicios Sociales, superando la media nacional de 575,5 euros. Además, destaca en plazas residenciales para mayores de 75 años, con una cobertura del 11,56 %, más del doble que la media estatal. En atención a personas con discapacidad, registra ratios superiores a la media española en residencias y centros de día, reflejando un compromiso con la atención especializada.

Estos indicadores reflejan una estrategia basada en la colaboración entre las administraciones regional y local, que ha contribuido a una gestión eficiente y a una mayor cobertura. La integración de la Dependencia en los servicios sociales y el protagonismo de las entidades locales son aspectos clave en este éxito, en un contexto de mayor demanda social y limitaciones presupuestarias.

El informe también señala fortalezas en ámbitos como los acogimientos familiares y la atención a víctimas de violencia de género, donde Castilla y León supera las medias nacionales en tasas de plazas y cobertura. Sin embargo, en recursos humanos, la proporción de profesionales por habitante aún presenta margen de mejora, con ratios por debajo de la media estatal.

Desde una perspectiva política, estos datos reflejan el enfoque de la Junta de Castilla y León en fortalecer un sistema de Servicios Sociales que, pese a las restricciones presupuestarias, mantiene un alto nivel de eficiencia. La gestión del bienestar social continúa siendo un elemento clave en la agenda política de la comunidad, en un momento en que la atención a la dependencia y la protección social adquieren mayor relevancia social y política.

De cara al futuro, la comunidad deberá seguir adaptando su sistema a los crecientes retos demográficos y sociales, asegurando la sostenibilidad y la calidad de los servicios. La continuidad en la colaboración público-privada será esencial para mantener estos niveles de excelencia y responder a las demandas de una población en envejecimiento.