Castilla y León, segunda menor tasa de víctimas de violencia machista en España
Castilla y León tiene la segunda menor tasa de víctimas de violencia machista en España, con 12,2 por cada 10.000 mujeres, en un contexto de incremento nacional.
Durante el segundo trimestre de 2026, Castilla y León registró 1.489 mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa de 12,2 por cada 10.000 mujeres. Este dato sitúa a la comunidad como la segunda con menor incidencia en el país, solo por detrás de La Rioja (11,2). La media nacional se sitúa en 20 víctimas por cada 10.000 mujeres, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.
El análisis revela que las secciones judiciales de la comunidad recibieron 1.660 denuncias en ese periodo. Además, 183 víctimas optaron por la dispensa de declarar en los procesos judiciales, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional. En términos de protección, los juzgados de Castilla y León emitieron 499 órdenes de protección, de las cuales 369 fueron resueltas favorablemente, evidenciando un compromiso activo en la protección de las víctimas.
Estos datos reflejan una tendencia al alza en las denuncias y medidas adoptadas en todo el territorio nacional, con incrementos del 9,81% en denuncias y del 7,64% en víctimas en comparación con el mismo periodo del año anterior. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha señalado la necesidad de reforzar los recursos y políticas públicas para hacer frente a esta problemática persistente.
El contexto político en Castilla y León, con cambios en las políticas sociales y de seguridad, influye en la gestión de estos casos. La Junta ha establecido programas específicos para la prevención y atención a las víctimas, aunque la tendencia nacional obliga a revisar las estrategias a nivel regional. La coordinación entre administraciones y el refuerzo de recursos son esenciales para reducir aún más estos índices.
Mirando hacia el futuro, la persistencia del fenómeno requiere una respuesta coordinada y sostenida. La comunidad debe mantener su compromiso en la implementación de medidas de protección y sensibilización, en un escenario donde la prioridad sigue siendo la protección efectiva de las víctimas y la erradicación de la violencia machista en todos los ámbitos.