Castilla y León solicitará pruebas de edad a menores no acompañados ante dudas razonables

La Junta de Castilla y León ha anunciado que solicitará a la Fiscalía realizar pruebas de edad a menores migrantes no acompañados cuando existan dudas fundadas sobre su edad. Este procedimiento se aplicará en casos en los que no exista documentación oficial que acredite su edad, buscando mayor transparencia y precisión en la tutela de estos menores.

Este anuncio se enmarca en la polémica política sobre la gestión de la inmigración infantil y las competencias autonómicas en protección social. La Junta ha aclarado que, si bien no tiene potestad judicial, puede instar a la Fiscalía a realizar dichas pruebas, que ya se han llevado a cabo en ocasiones anteriores, siempre bajo autorización judicial.

La medida implica una mayor interacción entre las administraciones autonómica y judicial, con el objetivo de garantizar que los recursos y servicios se dirijan a menores en situación real de vulnerabilidad o necesidad de protección. La determinación de la edad resulta clave para definir los derechos y obligaciones en el proceso de tutela y protección de menores inmigrantes.

Desde una perspectiva política, esta resolución refleja la intención del Ejecutivo autonómico de fortalecer los controles y la transparencia en la gestión de menores migrantes, en un contexto de debate sobre el uso de recursos públicos y la integridad del sistema de protección. Además, responde a la presión de partidos y colectivos que reclaman mayor precisión en estos casos.

De cara al futuro, se espera que esta práctica sea consolidada y que se establezcan protocolos claros para su aplicación, con un equilibrio entre protección de derechos y control de las irregularidades. La colaboración entre instituciones será fundamental para garantizar procedimientos justos y respetuosos con los derechos de los menores.