Sen destaca que la Fiscalía garantiza la determinación de edad de menores no acompañados en Castilla y León

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha recordado que la Fiscalía interviene en la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados con todas las garantías médicas y jurídicas. La Junta de Castilla y León ha sido instada a participar activamente en las reuniones para abordar el reparto y la atención de estos menores, en un contexto de tensiones políticas y diferencias en las políticas de acogida.

El debate ha sido impulsado por las declaraciones del vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, quien reiteró su oposición a ampliar plazas de acogida y defendió la devolución de menores a sus países de origen. La postura de la Junta refleja una prioridad por limitar el impacto social y presupuestario, en un escenario de tensión política entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno Central, que insiste en garantizar derechos y procesos adecuados para los menores migrantes.

Las implicaciones de esta disputa afectan a la coordinación entre administraciones y al cumplimiento del marco legal nacional e internacional. La Fiscalía realiza pruebas forenses en casos de duda sobre la edad, procedimiento que la Junta ha aceptado como parte de la protección de los menores. Sin embargo, la falta de consenso y el reticente diálogo complican la gestión integral de la situación.

Desde una perspectiva política, la tensión refleja la disputa sobre la competencia en materia de inmigración y la gestión de recursos sociales. La postura del Gobierno central busca garantizar un tratamiento uniforme y respetuoso de los derechos humanos, frente a una oposición que prioriza la gestión de recursos y la percepción social del fenómeno migratorio.

De cara al futuro, la colaboración efectiva y el diálogo entre administraciones será clave para afrontar la problemática. La comunidad autónoma deberá equilibrar sus políticas sociales con las directrices nacionales, en un escenario donde la incidencia política y la percepción social continúan siendo factores determinantes para la gestión de la inmigración en Castilla y León.