VALLADOLID, 19 de agosto. En un contexto alarmante, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado el caos en la gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León, acusando a las consejerías de Medio Ambiente y de Presidencia de ineptitud y falta de acción. Los miembros del sindicato han hecho un llamado a la dimisión de las autoridades responsables, alegando que el operativo enfrenta una sensación de colapso por su falta de organización y claridad en las órdenes de trabajo.

Durante una rueda de prensa, representantes de CCOO expusieron la problemática que afecta a los 4,700 trabajadores dedicados a la prevención y extinción de incendios, los cuales están atrapados en un sistema que, según el sindicato, ha incumplido diversos acuerdos dentro del Diálogo Social. Este incumplimiento ha limitado las mejoras necesarias para garantizar un mejor rendimiento del personal y la efectividad del operativo.

Juan Carlos Hernández, coordinador del sector autonómico de CCOO, expresó su dolor por las vidas perdidas debido a los incendios y extendió su apoyo a los trabajadores en la línea de fuego, además de presentar condolencias a las familias de los fallecidos. Sin embargo, también fue claro al exigir responsabilidades a los más altos niveles del gobierno regional, echando la culpa principalmente sobre el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha ocupado su puesto durante una década, y al director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, quien tiene una trayectoria de 20 años en el cargo.

Hernández criticó abiertamente la aparente falta de compromiso del consejero, indicando que ha estado “desaparecido” desde que hizo comentarios que resultaron insensibles frente a la gravedad de la situación. El sindicalista no dudó en exigir su dimisión, sugiriendo que, de igual forma, Arranz debería seguirlo por su prolongado y cuestionable desempeño al frente del operativo.

Además, solicitó la renuncia del consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, debido a los constantes incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, lo cual ha sido objeto de repetidas denuncias y de resoluciones de la Inspección de Trabajo que han sido ignoradas por la Junta. Hernández también mencionó que la actualización de los puestos de trabajo ofrecidos por el convenio se ha mantenido estancada durante dos años, dejando a los trabajadores en la incertidumbre.

Como un ejemplo crítico de lo que denomina "desastre de gestión", Hernández mencionó que el 13 de agosto se iniciaron trámites para contratar 14 nuevos trabajadores “para intervención directa en el operativo”, pese a que hay agotamiento en las bolsas de empleo. Propuso un modelo de operativo totalmente público y disponible durante todo el año, no solo en épocas de extinguimiento de incendios, para llevar a cabo labores de prevención efectivas y sostenibles.

Por su parte, José Ramón Jiménez, representante de CCOO en Medio Ambiente, subrayó las dificultades que han enfrentado debido a la negligenica de la Consejería en establecer un operativo eficaz que cuente con condiciones de trabajo dignas para los empleados. Aunque reconoció que las condiciones climáticas son indiscutiblemente incontrolables, manifestó que la falta de preparación y recursos atribuibles a la entidad gubernamental no puede ser justificada.

Jiménez describió una situación particularmente peligrosa que vivieron sus compañeros en Sanabria, subrayando que los incidentes de este tipo no suelen recibir cobertura mediática, a pesar de su gravedad. La labor del personal estaba marcada por las carencias de medios e infraestructura, que persisten a pesar de los acontecimientos del 2022.

Los problemas se agravan con situaciones de precariedad laboral, especialmente en los centros de mando, donde el personal altamente cualificado es escaso. Abel Fernández, delegado de CCOO en Zamora, resaltó la insuficiencia de estructuras sólidas, teniendo una plantilla de 60 trabajadores, solo nueve de los cuales tienen plaza fija.

En el ámbito de la contratación privada, Miguel Ángel Brezmes, secretario de la Federación de Industria, apuntó que aproximadamente 1,100 trabajadores del operativo son empleados a través de empresas privadas con condiciones laborales preocupantes: sueldos bajos, falta de categoría como bomberos forestales y condiciones de salubridad inadecuadas. Esta situación, además de la temporalidad en el empleo, afecta gravemente la moral y seguridad del equipo que combate los incendios.

La cuestión de las jornadas laborales también fue un tema candente; Hernández subrayó que muchos operativos están realizando jornadas de 24 horas, en un claro desacato a las normativas que estipulan un tope de 12 horas. La diferencia con otras entidades estatales, como las BRIF, pone de relieve una disparidad en el enfoque de la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores, dejando ver que desde la Junta no se priorizan estas preocupaciones.

Jiménez concluyó manifestando su descontento con la falta de interés en evaluar los riesgos para los trabajadores y asegurar que se cumpla la ley de Bomberos, argumentando que lejos de mejorar la situación, parece que se busca privatizar y deslocalizar el operativo a expensas de la seguridad de los encargados de combatir incendios en la región.