VALLADOLID, 9 de enero.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado hoy un nuevo modelo de financiación autonómica que, si se aprueba, aportará 271 millones de euros anuales adicionales a Castilla y León a partir de 2027. Este incremento representa aproximadamente el 1,3% de los casi 21.000 millones que se distribuirán entre todas las comunidades autónomas.

Según los detalles proporcionados por el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, Castilla y León será la gran beneficiaria del nuevo modelo gracias a un criterio de población ajustada que supera en un 9,7% su población real, lo que favorece notablemente su situación financiera.

En una rueda de prensa, Sen enfatizó la necesidad de abordar esta cuestión con "serenidad y responsabilidad institucional". Resaltó que el incremento de 271 millones de euros significa un total de 1.355 millones de euros hasta 2031 si se aprueba este nuevo esquema de financiación.

Asimismo, el delegado subrayó que la comunidad se beneficiará más que ninguna otra del nuevo criterio de población, vinculado a la dispersión, lo que considera una oportunidad para tener en cuenta la problemática de la despoblación.

Castilla y León también disfrutará de recursos significativos gracias a la solidaridad interterritorial, ya que pertenece a un grupo de comunidades que reciben abundante financiación tanto de nivelación horizontal como vertical, esto último en relación con las aportaciones del Estado. Además, se suma la financiación que proviene del nuevo fondo climático.

El representante del Gobierno ha subrayado la importancia de centrarse en los datos del nuevo modelo en vez de caer en discusiones políticas vacías, asegurando que el objetivo es la mejora de servicios públicos como la vivienda, educación, transporte y sanidad, sin importar el lugar de residencia.

En este contexto, insistió en que es fundamental abordar el debate con "datos, serenidad y responsabilidad", señalando que el actual sistema lleva mucho tiempo sin renovarse, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para planificar los servicios públicos de manera efectiva.

Sen argumentó que un sistema obsoleto no beneficia a nadie, por lo que el Gobierno ha propuesto este nuevo modelo que promete más recursos, mayor transparencia y reglas más equitativas para ser discutido con las comunidades autónomas a través de los canales institucionales adecuados.

Ante las críticas recibidas en relación con las supuestas ventajas que la reforma podría brindar a ciertas comunidades, Sen defendió que el nuevo modelo debe ser objeto de debate y acuerdo en los marcos institucionales y parlamentarios establecidos.

El delegado instó a la Junta de Castilla y León a participar activamente en las reuniones bilaterales futuras para plantear sus propuestas que podrían enriquecer el borrador inicial del modelo, recordando que es responsabilidad de todos analizar la propuesta con detenimiento en lugar de rechazarla Prematuramente.

El nuevo modelo de financiación introduce criterios como la población ajustada, que considera diversas variables que impactan en el costo de los servicios y las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma, basándose en características demográficas, socioeconómicas y geográficas.

Por ejemplo, una comunidad con una población envejecida tendrá mayores gastos en sanidad, mientras que aquellas con más niños en edad escolar requerirán inversiones en educación.

Entre las mejoras del nuevo enfoque, la población empadronada se considera uno de los factores más importantes, representando el 30% en la ponderación global. Además, se introduce un criterio de población protegida, que representa el 38% del gasto sanitario, dividiendo la población en 20 grupos de edad, a diferencia de los siete existentes anteriormente.

Sen también criticó al Gobierno autonómico por su "actitud contradictoria", ya que solicita constantemente más recursos mientras a la vez se niega a participar en las discusiones necesarias sobre las normas que regirán la financiación en los próximos años. Además, destacó que en muchos casos han renunciado a importantes fondos que podrían beneficiar a Castilla y León.

Por último, hizo un llamado a la responsabilidad de la administración regional, instando al diálogo y recordando que aún hay un camino por recorrer para concretar la aprobación de este nuevo modelo en las Cortes Generales.