VALLADOLID, 9 de enero.
En el marco del juicio conocido como 'la trama eólica', la acusación popular representada por Ecologistas en Acción ha hecho graves acusaciones contra los once implicados, liderados por el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado. Este colectivo ha calificado las acciones de los acusados como un 'golpe de Estado al servicio de la competencia', argumentando que introdujeron medidas que distorsionaron el mercado eólico de Castilla y León, incluyendo la exigencia de dar preferencia a socios locales en la industria.
La acusación recuerda que la instrucción 2/2004, que otorgó a Delgado el poder de autorizar proyectos de forma centralizada, era “prevaricadora” y limitaba la autoridad de los responsables de las nueve provincias. Ajustándose a una frase previamente mencionada por un testigo, se ha sostenido que esta normativa permitía a Delgado decidir arbitrariamente quién podía obtener las autorizaciones necesarias, generando un entorno corrupto en el que monopolizaba la toma de decisiones.
El representante de Ecologistas en Acción apuntó que imponer la venta de activos eólicos a ciertos socios no exime a los acusados de responsabilidad penal, incluso si estas transacciones eran a precios de mercado. Asegura que las órdenes que dictaban la selección de socios emanaban directamente de del propio Rafael Delgado, quien, según su visión, manipuló el proceso para beneficiar determinados intereses.
En su alegato, la acusación ha reiterado su demanda de cargos por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, insistiendo en que tanto Delgado como su supuesto testaferro, Jesús Rodríguez Recio, deben enfrentar cargos adicionales relacionados con el fraude a la Hacienda Pública, discrepando con la Abogacía del Estado que solo cuantifica ciertos delitos en años específicos.
Con respecto a Andrés Martín de Paz, un empresario involucrado y exdirector general de Deportes de la Junta, la acusación mantiene los cargos de cohecho, aunque reconoce que la documentación no prueba un acuerdo explícito para solicitar que se le considerara un socio local. La acusación busca asegurar que no se condene a personas inocentes en esta compleja trama de corrupción.
Dos acusaciones particulares se han alineado con la postura del Fiscal Anticorrupción, demandando reparaciones económicas significativas por daños patrimoniales. En un caso, se reclaman 15.690.000 euros, y en el otro, algo más de 47 millones de euros, reflejando la magnitud del impacto financiero de las decisiones tomadas durante el caso.
El abogado de Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 ha señalado que su cliente pretendía desarrollar 14 parques eólicos en la región. Sin embargo, sólo se abordaron de manera judicial cuatro de ellos, que a pesar de haber sido vendidos a precio de ganga, estaban inicialmente proyectados para generar una ganancia considerable para sus inversores. El proceso quedó alterado por la intervención de Delgado, quien obstaculizó su desarrollo económico.
A pesar de las ilusiones de generar energía mediante estos parques, este grupo empresarial se encontró con impedimentos sistemáticos por parte del entonces viceconsejero, lo que les obligó a deshacerse de sus activos a un costo significativamente inferior al esperado. Esto resultó en unas pérdidas materiales considerables que han sido puestas a discusión en el ámbito judicial.
La letrada de Altos del Rasero, que reclama más de 47 millones en compensación, se ha enfocado en la obstinación del promotor del parque eólico, que no cedió ante las presiones de vender a empresas específicas. Este caso revela la difícil situación que enfrentó un empresario que intentó establecer un proyecto de energía renovable en un contexto marcado por la corrupción.
Las maniobras descubiertas revelan que la llegada de Rafael Delgado a la Viceconsejería de Economía no solo obstaculizó a los socios no locales, sino que también deterioró la confianza en todo un sector, haciendo que muchos proyectos no pudiera realizarse. Las decisiones de este cargo clave han dejado una huella devastadora en la gestión de recursos eólicos en la comunidad.
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