Ecologistas piden a la Junta una nueva norma contra la electrocución de aves en tendidos eléctricos

Ecologistas en Acción de Castilla y León ha presentado una solicitud formal ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta para que se apruebe una nueva disposición general que ponga fin a la mortalidad de aves y otra fauna silvestre por electrocución y colisión en las líneas eléctricas de alta tensión de la comunidad.

La iniciativa pretende sustituir a la orden anterior, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022. Según la federación, la Junta asumió públicamente el compromiso de tramitar una nueva normativa que declarara toda la región como Zona de Protección tras la resolución judicial, pero han transcurrido cuatro años sin avances.

Los datos de las memorias de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) recopilados por la federación reflejan que la siniestralidad supone en torno al 13,5 por ciento de los ingresos. Entre 2021 y 2025 se han contabilizado más de 4.200 episodios de muerte de fauna en estas instalaciones, con 874 casos en 2021, 630 en 2022 y 640 en 2023, y un repunte en 2024 y 2025, con 1.046 y 1.034 afecciones respectivamente.

La entidad advierte de que la situación afecta a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón. Apoyándose en estudios que estiman que solo se detecta el 15 por ciento de las aves electrocutadas, los ecologistas calculan que mueren unas 6.600 grandes aves al año en el territorio autonómico, debido a la existencia de cientos de miles de apoyos sin aislar y al escaso número de inspecciones anuales.

Entre las peticiones trasladadas a la Consejería figuran la modificación integral de las líneas peligrosas, para aplicar las exigencias de aislamiento a todo el tramo de riesgo y no solo al apoyo donde se produzca el hallazgo, y la fijación de un plazo de un mes para tramitar el requerimiento al titular y de cuatro meses para ejecutar las obras, con expedientes sancionadores en caso de incumplimiento. También se reclama ampliar la protección a los mamíferos y regular los riesgos en aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas, además de crear un registro público autonómico de mortalidad de fauna, publicar la cartografía de tendidos en IDECYL y lanzar una campaña de divulgación ciudadana.