El 112 de Castilla y León irá a huelga indefinida desde el viernes por incumplimientos del acuerdo de 2022

La plantilla del servicio de atención de llamadas de emergencia 112 de Castilla y León iniciará una huelga indefinida el viernes 6 de noviembre. Los trabajadores denuncian el incumplimiento del acuerdo laboral firmado en 2022, que puso fin a los paros de aquel año. Las movilizaciones se celebrarán el primer viernes de cada mes, salvo que coincida con festivo, y se respetarán los servicios mínimos para garantizar la atención a las emergencias.

El conflicto gira en torno al sistema de rotaciones antiestrés y de descansos pactado en 2022 para un servicio sometido a una elevada tensión. Según el Comité de Empresa, el acuerdo fijaba 40 rondas de rotación para el personal gestor de llamadas y seis para el equipo de supervisión. Actualmente solo funcionan 25 de las 40 previstas, y la sexta ronda de supervisión lleva más de dos años sin cubrirse. La propia empresa ha reconocido ante los tribunales que únicamente están operativas esas 25 rondas.

A estos incumplimientos se suman problemas de formación, de acreditación de idiomas y de respeto a la antigüedad en las contrataciones. El comité también señala una falta de personal que la empresa ha reconocido por escrito en dos actas de reunión con los representantes de los trabajadores. Además, denuncia retrasos en la publicación de los cuadrantes, sanciones de la autoridad laboral por infracciones graves en materia de horarios y una resolución judicial que declaró nula la exclusión de una trabajadora del sistema de rotación.

El conflicto ha pasado en tres ocasiones por el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) desde febrero de 2026 y por una mesa de negociación, sin alcanzar acuerdo. El Comité sostiene que la empresa ha denunciado el acuerdo con la intención de eliminar el sistema de rotaciones y descansos. Advierte, además, de que la falta de personal y la pérdida de trabajadores con experiencia pueden afectar a la calidad de un servicio esencial para la respuesta ante cualquier emergencia en la Comunidad.

El Comité ha pedido la mediación de la Junta, como ocurrió en 2022, y reclama que la Administración exija a la empresa el cumplimiento de las condiciones del contrato público, cuyo presupuesto, según asegura, se calculó sobre la base del acuerdo laboral. De cara a la próxima licitación, plantea que las rondas y los descansos figuren expresamente como obligaciones esenciales y que la Junta valore asumir directamente la gestión del servicio. La representación de los trabajadores responsabiliza a la empresa de la convocatoria, aunque mantiene su disposición a negociar.