VALLADOLID, 27 de noviembre.
Un preocupante 57,3 por ciento de los problemas enfrentados por los docentes en Castilla y León durante el curso pasado fueron atribuibles a padres o familiares de los alumnos, según revelan los datos proporcionados por el sindicato ANPE. Esta estadística pone de relieve un fenómeno que parece estar en aumento, donde la relación entre los educadores y las familias se ha vuelto conflictiva, generando un clima de inseguridad para aquellos que se encargan de la educación de las nuevas generaciones.
El Servicio del Defensor del Profesor, que opera a nivel nacional, fue establecido en 2005 como una medida pionera destinada a brindar apoyo al profesorado, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante situaciones de violencia escolar, tanto por parte de los alumnos como de sus propios padres.
Durante el curso 2023-24, el número total de maestros atendidos en Castilla y León alcanzó la cifra de 89, marcando un alarmante incremento del 25,35 por ciento en comparación con los 71 casos del año anterior. Este crecimiento no solo refleja un problema en aumento, sino también la disposición de los educadores a buscar ayuda en medio de una situación que se ha vuelto insostenible.
Los datos revelan que la mayoría de los conflictos que enfrentan estos docentes tienen su origen en el comportamiento de los padres, con 51 casos identificados (57,30 por ciento). Además, se registraron 22 conflictos con los alumnos (24,72 por ciento) y 16 provenientes de otros tipos de problemas (17,98 por ciento).
De los 89 docentes atendidos, la distribución por niveles educativos fue la siguiente: 48 eran profesores de Educación Secundaria, 22 de Educación Primaria, nueve de Formación Profesional, ocho de Educación Infantil y dos de otros tipos de centros educativos. Esta variedad en los niveles educativos destaca la generalización del problema, que parece afligir a todas las etapas de la educación.
Según los testimonios de los docentes, las preocupaciones más habituales respecto a los padres incluyen falsas acusaciones en 20 casos, situaciones de acoso en 12 y presión por las calificaciones en 10 ocasiones. Además, se han documentado cinco incidentes de ciberacoso, tres denuncias formales y un caso de agresión física, lo cual subraya la gravedad de la situación.
En lo que respecta a los conflictos con los alumnos, se registraron también siete casos de falsas acusaciones, cinco amenazas y tres situaciones de agresión, así como faltas de respeto y ciberbullying. También se documentó un caso de acoso, además de los 16 problemas laborales tratados por el Defensor del Profesor.
Los análisis realizados por el Defensor indican que en 69 de los casos atendidos, los docentes mostraron signos de ansiedad (77,53 por ciento), mientras que cuatro sufrieron procesos depresivos (4,99 por ciento) y otros 16 (17,98 por ciento) debieron tomar bajas médicas, lo que demuestra un impacto grave en la salud mental de los educadores.
Todos los profesores atendidos han recibido asesoramiento y apoyo de ANPE, mientras que en 78 casos (87,64 por ciento) han requerido información sobre legislación relacionada con su situación. Esto indica la necesidad de que los educadores se sientan respaldados no solo emocionalmente, sino también legalmente en su labor diaria.
En términos geográficos, de los 89 casos atendidos, 18 se localizaron en Salamanca, seguidos por Valladolid con 17, Ávila con 11, Burgos con 10, y León y Zamora, ambos con nueve casos. Segovia reportó siete, Palencia seis y Soria dos, lo que sugiere que estos problemas no son aislados, sino que afectan a múltiples localidades en la comunidad.
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