En el marco de la conocida 'Operación Almendro', el fiscal ha mantenido su acusación contra ocho presuntos narcotraficantes, tras haber presentado una disminución en las penas únicamente para Enrique S., quien se ha declarado culpable y que ahora enfrenta una condena de seis años y un día de prisión.

Durante la sesión del juicio que tuvo lugar en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, el fiscal propuso un total de casi 61 años de prisión y multas que ascienden a 438.500 euros para los acusados, todos ellos detenidos en mayo de 2024 en distintas localidades, incluyendo Valladolid, Madrid y Zamora. La única modificación en las peticiones se dirigió al caso de Enrique S., un habitante de Morales de Toro, quien logró reducir su pena a seis años y un día, así como una multa de 16.500 euros, al compararla con su solicitud original de siete años y tres meses junto a una sanción de 70.000 euros.

En su argumentación final, la acusación aseguró que las pruebas presentadas durante los dos días de juicio evidencian que los acusados habían colaborado para constituir un grupo criminal con roles específicos, destinado a la compra y distribución de drogas en varias localidades. Detallaron que, en esa red delictiva, Javier M., también conocido como 'Mota', era el principal líder, y fue en su trastero donde se confiscó cannabis y cocaína valorados en 3.665 euros.

Además, la acusación designó a Tamara G., originaria de Valladolid pero con conexión a Madrid, como la 'taxista' de la organización, tras hallar en un trastero de Laguna de Duero drogas tasadas en 2.182 euros. La denuncia también implicaba a Verónica C. y otros cuatro acusados de Madrid, quienes supuestamente colaboraban en esta operativa criminal. En un chalet de Enrique S. se descubrieron casi 800 gramos de speed valorados en 16.474 euros, presuntamente introducidos por Tamara G.

El fiscal ha expuesto en su solicitud diferentes cargos, incluyendo delitos contra la salud pública y la creación de un grupo criminal. Las penas más severas han sido solicitadas para José Ignacio S. y Tamara G., quienes podrían enfrentar más de diez años de prisión y sanciones de hasta 70.000 euros. Para los otros acusados, las penas solicitadas son de considerable duración, aunque las defensas han insistido en la falta de pruebas contundentes, pidiendo la absolución por lo que consideran irregularidades en las escuchas telefónicas y registros.

Durante su declaración, los acusados se proclamaron inocentes y algunos, como Tamara y Javier, argumentaron que los estupefacientes encontrados eran para su uso personal, dada su adicción. Tamara defendió su uso del trastero de Laguna, argumentando que solo lo empleaba para guardar efectos personales y que se ofreció a ayudar a ‘Mota’ en sus tareas laborales al carecer él de licencia de conducir. También se distanció de la pistola táser hallada, alegando desconocer su presencia debido a que otros compartían la llave del trastero.

Verónica C., acusada de utilizar el trastero para la venta de drogas, fue la única que respondió todas las preguntas tanto de su defensa como del fiscal, negando las acusaciones al afirmar que no tenía acceso a la propiedad. «Solo he estado allí para charlar con mi amiga Tamara», concluyó.

Otro acusado, Jesús C.M, quien reside en Madrid, admitió conhecer a 'Mota' y a Alberto G., pero vinculó su relación a trabajos de reforma en su hogar, negando cualquier implicación en el tráfico de drogas a pesar de confesar su adicción severa. «Mi dependencia me ha dejado con una discapacidad del 75% y ahora vivo de una pensión», lamentó.

Finalmente, José Ignacio S.C también se declaró inocente y destacó que no ha sido objeto de registro ni se le ha confiscado ningún tipo de sustancia durante la operación. Tras las declaraciones, el futuro de los acusados permanece en manos del tribunal, quienes se encargarán de emitir el veredicto correspondiente.