LEÓN, 7 de octubre.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado a la Junta de Castilla y León a pagar una indemnización de 20.000 euros a un paciente debido a las secuelas que padece tras recibir atención tardía para su rehabilitación postoperatoria en el Hospital de León.

La decisión proviene de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, que ha dado la razón al paciente al reconocer que recibió una atención insatisfactoria en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) tras su operación en 2018. Los jueces determinaron que el retraso en el inicio de la rehabilitación tuvo un impacto negativo en la recuperación del movimiento en su mano.

El paciente, quien sufrió una caída que le provocó una lesión en varios tendones, fue sometido a una cirugía de urgencia en enero. Sin embargo, se vio forzado a esperar siete semanas antes de comenzar las sesiones de fisioterapia, a pesar de que estas debían iniciarse de manera urgente.

Posteriormente, el afectado ha tenido que someterse a dos operaciones más y sufre de secuelas permanentes en el segundo dedo de la mano izquierda, incapaz de flexionarlo, además de experimentar intolerancia al frío, cambios en la piel y dolor neuropático.

A pesar de que el Tribunal ha señalado que un inicio temprano de la rehabilitación no garantiza una recuperación total y que diversos factores pueden influir en el proceso, ha reconocido el derecho del paciente a recibir una compensación. El fallo incluso menciona que su historial como fumador y la ausencia de protocolos estándares para el tratamiento de la rehabilitación contribuyeron a la situación.

Los magistrados han afirmado que se ha producido una clara transgresión de la lex artis ad hoc al no haberse facilitado la atención rehabilitadora adecuada en el tiempo correspondiente, lo que privó al paciente de la posibilidad de obtener mejores resultados. Esto ha llevado a que se establezca una indemnización por los daños sufridos por unos servicios de salud considerados defectuosos, aunque el afectado había solicitado más de 66.000 euros como compensación.