El TSJCyL condena a Sacyl a pagar 60.000 euros por fallecimiento neonatal en Burgos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictaminado que la Junta de Castilla y León debe abonar una indemnización de 60.000 euros a una familia cuya hija falleció durante el parto en Burgos en 2020. La decisión se basa en la responsabilidad patrimonial derivada de la falta de información adecuada antes del alumbramiento.

El caso se produjo en un centro hospitalario tras un ingreso por gestación a término. El feto, con macrosomía y distocia de hombros, sufrió una hipoxia intraparto que provocó su fallecimiento. La intervención médica incluyó fórceps y una cesárea de urgencia, pero no se constató mala praxis en las actuaciones médicas, según el tribunal.

La sentencia destaca que, aunque la atención clínica fue correcta, la ausencia de un consentimiento informado por escrito privó a la madre de su derecho a decidir sobre el parto. La resolución fija la indemnización por daño moral debido a la privación de la capacidad de elección de la gestante.

Este fallo refleja la importancia del consentimiento informado en el proceso asistencial y pone en evidencia la necesidad de protocolos claros en la comunicación con las pacientes. La decisión también evidencia la responsabilidad de las administraciones sanitarias en garantizar la información y la autonomía de las pacientes.

Desde una perspectiva política, el caso subraya la necesidad de revisar y reforzar la normativa sobre gestión del consentimiento en los hospitales públicos de Castilla y León. La futura legislación podría incluir medidas para evitar situaciones similares y mejorar la protección de derechos de las pacientes en el sistema sanitario regional.

En un contexto más amplio, este fallo invita a abrir un debate sobre la calidad de la información y la autonomía en la atención sanitaria, especialmente en procesos tan delicados como el parto, que afectan directamente a los derechos fundamentales de las familias.