Un testigo clave ha reafirmado que el acusado ejercía presión sobre los promotores de energía eólica, amenazando con detener sus proyectos a menos que aceptaran la inclusión de empresarios locales en su capital.

VALLADOLID, 7 de octubre.

La atención recayó nuevamente en Ricardo González Mantero, exdirector de Energía y Minas, quien señaló al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, como el principal implicado en la supuesta red de corrupción que investiga la Audiencia de Valladolid. Durante su declaración, el testigo afirmó que Delgado le proporcionó un listado de socios locales que debían ser incluidos por los promotores de parques eólicos, advirtiendo que, de lo contrario, se verían obligados a detener sus iniciativas.

En un juicio que duró casi una jornada completa, González Mantero fue interrogado durante cinco horas por el Fiscal Anticorrupción. Al día siguiente, continuó en el estrado, donde ahondó en las acusaciones hacia Delgado, describiéndolo como su "superior jerárquico" y la figura que comenzó a otorgar directrices desde 2005 para favorecer a empresarios de la región en el sector eólico.

El exdirector rememoró una reunión clave de principios de 2005, en la que Delgado llegó con una hoja manuscrita que contenía nombres de socios que debía incluir en los proyectos eólicos. “Incluso había nombres que no conocía”, explicó, subrayando que este incidente le pareció extraño en su momento, pero que con el tiempo se dio cuenta de la seriedad de la situación.

González Mantero consideró que los orígenes de la investigación se hallan en la decisión de la Consejería de Economía en 2004 de crear la figura de la avocación, que otorgaba a Delgado el poder de autorizar parques eólicos, usurpando funciones que antes pertenecían a los servicios territoriales de Industria en las nueve provincias. También mencionó una reunión en marzo de 2005 con responsables de las áreas relacionadas, donde se proporcionaron instrucciones sobre qué proyectos debían avanzar, a pesar de que algunos, como el de Burgos, manifestaron su desacuerdo.

Durante su testimonio, el exresponsable habló de dos fases de la actividad de Delgado: una primera más ligera, en la cual ya había numerosos proyectos en marcha, y una segunda más intensa a partir de 2009, donde intentó modificar la planificación e insistió en la incorporación de nuevos proyectos, algo que muchos expertos consideraron ilógico debido a su falta de avance.

Para ilustrar las tácticas empleadas por Delgado para presionar a los promotores, González Mantero recordó un encuentro de marzo de 2005 con representantes de Iberdrola, donde inicialmente se rechazaron las condiciones impuestas. Sin embargo, tras la salida de Delgado, la postura de la empresa cambió a una aceptación total de las exigencias. También compartió su experiencia al informar a las empresas locales sobre acuerdos que permitían su entrada en el sector eólico a través de empresas como Energía Global Castellana, que alcanzó una potencia de 500 megavatios. “No había justificación técnica o administrativa para obligar a socios locales, pero, de facto, los proyectos se detenían sin ello”, sentenció.

González Mantero citó varios ejemplos de empresas que sufrieron las consecuencias de no aceptar las demandas de Delgado. Entre ellas, mencionó a Nordex y Augusta Wind, que experimentaron pérdidas significativas por las imposiciones de socios locales, destacando que algunos precios ofrecidos estaban muy por debajo del valor de mercado.

El proceso judicial continuará con más declaraciones, comenzando por Tomás Ciria, exjefe de Eólicas del EREN. La supuesta trama de corrupción se originó en el contexto de la Junta de Castilla y León, que vio en la energía renovable una oportunidad para diversificar la economía regional y facilitar la entrada de empresas locales en el sector eólico.

Este plan exigía que los promotores de parques en vías de autorización permitieran la participación de empresas locales, bajo la amenaza de no obtener la autorización necesaria, con una participación requerida de cerca del 40 por ciento. Sin esta condición, los parques no recibían la autorización correspondiente, y Rafael Delgado implementó un procedimiento administrativo que beneficiaba a aquellos proyectos que incluían socios locales.

El Fiscal Anticorrupción ha solicitado penas que suman un total de 123,5 años de cárcel y multas superiores a 850 millones de euros para los trece implicados en la trama. Rafael Delgado enfrenta la pena más severa, con 42 años de prisión y una multa de 239 millones de euros, seguido por otros empresarios también acusados, lo que refleja la gravedad de los cargos en este caso de corrupción en el sector energético.