Fiscalía de Valladolid pide 78 años para cuatro acusados de robos en viviendas y falsificación
La Fiscalía pide 78 años para cuatro acusados de robos en viviendas y falsificación documental. El juicio se celebra esta semana en la Audiencia de Valladolid.
La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará la próxima semana a cuatro hombres de origen albanés, acusados de integrar una organización dedicada al robo en viviendas habitadas y a la falsificación de documentos oficiales. La Fiscalía solicita penas que suman 78 años de prisión. Tres de los procesados se enfrentan a 18 años cada uno, y el cuarto, a 24 años, por un delito adicional de falsedad documental.
Qué hay detrás de esta causa: un entramado que operaba desde Barcelona y se desplazaba por varias provincias del noroeste y del centro peninsular. Según la investigación, los acusados alquilaron bases en dos calles del barrio barcelonés de Sants y, entre marzo y mayo de 2025, prepararon asaltos fuera de Cataluña. El juicio se celebrará entre el martes y el viernes.
El modus operandi descrito en el procedimiento revela un nivel de planificación poco habitual en delitos patrimoniales. Los investigados se desplazaban tres o cinco días antes de cada golpe y permanecían ocultos en zonas boscosas próximas a las viviendas seleccionadas. Usaban vehículos a nombre de terceros con placas dobladas para dificultar el seguimiento policial, y tras cada asalto se refugiaban en la vegetación hasta que la vigilancia se retiraba.
Los hechos acreditados se reparten entre Valladolid, Pontevedra y Ourense. En la provincia vallisoletana, la causa recoge dos robos ocurridos el 14 y el 15 de marzo de 2025, en Olmedo y Peñafiel, con un botín valorado en unos 2.900 euros. En Galicia, el episodio más relevante tuvo lugar el 23 de mayo en Pontevedra, con joyas, relojes de alta gama y equipos electrónicos. Parte de esa mercancía fue hallada después en un aparcamiento de L'Hospitalet de Llobregat.
El caso también pone de relieve la coordinación entre cuerpos policiales. La investigación fue llevada a cabo conjuntamente por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, lo que refleja la necesidad de cooperación interterritorial frente a grupos que operan en varias comunidades. Las detenciones se practicaron el 28 de mayo de 2025 por orden judicial, y en los registros se intervinieron efectivo, joyas, relojes y documentación falsificada.
Las implicaciones del juicio van más allá de las condenas individuales. Esta causa vuelve a situar en el debate público la eficacia de la respuesta penal frente a la delincuencia itinerante, un fenómeno que exige investigaciones largas y coordinadas entre territorios. Asimismo, la falsificación documental añadida al robo sugiere una capacidad organizativa que complica la identificación de los autores.
El desenlace del procedimiento dependerá de la práctica de la prueba y de las defensas, pero el veredicto servirá como referencia sobre cómo los tribunales españoles valoran la reiteración y la planificación en este tipo de delitos. Queda por ver si la sentencia consolida una línea de respuesta más severa frente a las redes itinerantes que operan sobre el territorio nacional.