Qué hay detrás de la exigencia de Castilla y León de consumir y transformar su propia energía

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, reclamó este miércoles que Castilla y León no sea únicamente un territorio productor de energía. Su propuesta es convertirlo también en espacio de transformación, consumo industrial e innovación. La advertencia se formuló durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes regionales, donde detalló el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027.

El dato central es el peso de la comunidad en el mapa renovable. Según la consejera, el 95 por ciento de la potencia instalada en Castilla y León es renovable, lo que supone cerca del 20 por ciento de la potencia renovable de España. Sin embargo, esa posición tiene un reverso: la saturación de las redes eléctricas limita la implantación de proyectos industriales y de almacenamiento. Por ello, la Junta vuelve a exigir una planificación eléctrica que, en su opinión, responda a las necesidades del territorio.

El fondo del mensaje apunta a una discusión más amplia sobre el modelo territorial. Durante años, las comunidades con gran capacidad de generación han visto cómo la energía producida se consume en otros puntos del país, mientras el valor añadido industrial queda fuera. La Junta sostiene que la energía debe servir también para atraer empresas y generar empleo industrial, y no solo para abastecer a otros mercados.

El proyecto presupuestario concreta esa intención. El departamento destina 71,2 millones de euros al área de energía y minas. De ellos, 38,9 millones se dirigen a energías renovables, con especial atención a la biomasa forestal, que la consejera vincula al desarrollo energético, a la gestión sostenible de los montes y a la prevención de incendios. A través de la sociedad SOMACyL se consignan 33 millones para redes de calor en León, Salamanca, Segovia, Valladolid Oeste y Ponferrada, así como para la puesta en marcha de centros logísticos de biomasa en varias localidades de León y Palencia.

En eficiencia energética, la partida asciende a 25,5 millones. Incluye dos nuevos programas del ente regional de la energía dirigidos a edificios del sector terciario, pymes y empresas industriales, que movilizarán 27,4 millones con el objetivo de reducir consumos y mejorar la competitividad. Además, el EREN prevé 5,8 millones para cuarenta instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios públicos, como hospitales, residencias, centros de salud e institutos.

La dimensión minera del plan es igualmente relevante. La Junta respaldará el Centro de Recursos Minerales Estratégicos y Sostenibilidad Transfronteriza, impulsado por la Universidad de Salamanca en Fuentes de Oñoro, en la comarca de La Raya. La apuesta busca retener talento en el medio rural y reforzar la cooperación con Portugal. Asimismo, la Fundación Santa Bárbara dispondrá de 3,45 millones para formación orientada al empleo en las comarcas mineras de León y Palencia, con previsión de atender a 480 alumnos en 2027, y se ejecutarán proyectos financiados por el Fondo de Transición Justa, como la transformación de antiguas instalaciones formativas en Laciana y la investigación sobre el uso de antiguas minas para almacenar energías limpias.

El discurso del Gobierno regional se sitúa así en el debate sobre la transición energética y la distribución de sus beneficios. La reivindicación de un liderazgo que se traduzca en empleo y actividad económica anticipa una negociación exigente con la Administración central sobre la planificación de redes y el reparto de inversiones. El éxito de esta estrategia dependerá de que las infraestructuras eléctricas acompañen a la capacidad de generación y de que los proyectos industriales anunciados se materialicen en el territorio.