La madre de Gabriel denuncia trato de privilegio a la asesina de su hijo.
Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha alzado su voz para expresar su preocupación tras la reciente negativa del Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila a permitir su participación como acusación particular en una investigación que implica a personal de la prisión de Brieva, donde se sospecha que se proporcionaron teléfonos móviles a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente por el asesinato de su hijo en 2018.
En una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles, Ramírez subrayó que se siente personalmente afectada por estos acontecimientos. Ella misma había denunciado estas irregularidades hace un año, basándose en información y testimonios de fuentes dentro y fuera de la cárcel, en relación con un posible rodaje de un 'true crime' que incluiría a Quezada, y que podría realizarse desde su celda.
La madre del menor afirmó haber sido la primera en destapar esta situación, lo que condujo a la apertura de una investigación judicial por corrupción. Actualmente, hay un funcionario y un cocinero del centro penitenciario bajo sospecha y han sido excluidos de sus funciones, sin embargo, Ramírez se siente desamparada porque no ha podido sumarse a la causa como acusación particular y ha sufrido lo que ella considera un desprecio a sus intentos de contribuir al proceso judicial.
Recordando su intervención pública de mayo del año pasado, Ramírez hizo énfasis en cómo alertó sobre la posibilidad de que se estuviera grabando un documental con la participación de Quezada y de qué manera este aviso llevó a la suspensión temporal del proyecto y se realizaron cacheos en la prisión.
Según informes obtenidos por Ramírez, uno de los teléfonos incriminados habría terminado en la casa del funcionario que lo facilitó a la interna, aunque esto no impidió que Quezada tuviera acceso a otros dispositivos a través de contactos con otras reclusas. La madre del niño sostiene que durante más de tres años, Ana Julia mantuvo comunicaciones para asegurarse de que su historia fuera grabada y distribuida.
Ramírez enfatizó que fue un "duro golpe" enterarse de que su solicitud para sumarse como perjudicada fue rechazada. Desde el pasado mes de octubre había buscado ser reconocida dentro del proceso, ya que el acceso a los teléfonos en prisión estaba, según sus deducciones, destinado a la realización de un documental que afecta directamente a su persona.
Ramírez, al describir su lucha, intentó comunicarse en varias ocasiones con las autoridades, incluyendo la Fiscalía de Ávila, preocupada por no recibir respuesta a sus reiteradas solicitudes de información sobre la investigación de las amenazas que ha recibido de Quezada, quien supuestamente le ha manifestado deseos de “venganza” por obstruir su proyecto documental.
Su preocupante situación fue reportada el 31 de diciembre del año pasado, cuando, tras enterarse de que Quezada había declarado querer hacerle daño, decidió presentar una segunda denuncia ante la Guardia Civil. Esta amenaza de asesinato la llevó a solicitar medidas de protección, ya que además empezó a recibir llamadas extrañas.
A pesar de una primera decisión de archivar su denuncia en Almería, la madre de Gabriel ha podido reabrir el caso, que sigue en proceso de investigación. Ramírez ha expresado su indignación hacia las autoridades penitenciarias, acusándolas de encubrir irregularidades y de no actuar ante la posibilidad de chantajes que puedan implicar vídeos comprometidos de los empleados implicados.
“La difícil situación que enfrentamos como víctimas requiere atención urgente. Negar los problemas no solucionará nada”, sentenció la madre, quien mostró su frustración al recordar cómo hace un año se difundió en los medios que la asesina de su hijo exhibía un “comportamiento ejemplar” en prisión.
Patricia Ramírez teme que cualquier posible traslado de Quezada a una prisión de Barcelona beneficie a la condenada, que podría acercarse a aliados que le han ayudado en su situación actual y facilitar su fuga.
“Es inaceptable que a las víctimas se nos trate de esta manera. Necesitamos una protección eficaz para no sufrir una revictimización ni permitir que los agresores sigan recibiendo atención mediática”, concluyó Ramírez, haciendo un llamado a la sociedad para no olvidar a los perjudicados por la violencia y a la necesidad de justicia en casos tan dolorosos.