VALLADOLID, 1 de enero.

La Junta de Castilla y León ha decidido mantener el 23 de abril, conocido como el Día de Castilla y León, como jornada festiva para el año 2026, que caerá en jueves. También se ha decidido trasladas la festividad del Día de Todos los Santos, que tradicionalmente se celebra el 1 de noviembre, a lunes 2 de noviembre debido a que en 2026 el primer día del mes será domingo. Asimismo, el Día de la Constitución, que se conmemora el 6 de diciembre y también coincide con un domingo, será trasladado al lunes 7 de diciembre.

El calendario laboral del año 2026 fue aprobado el pasado 29 de mayo. Este comenzará con la celebración del Año Nuevo el 1 de enero, seguido por la Epifanía del Señor y el día de Reyes el 6 de enero, así como los eventos de Jueves y Viernes Santo que se llevarán a cabo los días 2 y 3 de abril respectivamente.

El 23 de abril seguirá siendo una fecha destacada en el calendario y, tras ella, el 1 de mayo, que corresponde a la fiesta del Trabajo, caerá en viernes. En el transcurso del año, los habitantes de Castilla y León también disfrutarán de días festivos como el 15 de agosto, en honor a la Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y el Día de Todos los Santos, que, como se mencionó anteriormente, será trasladado a lunes. Otras fiestas importantes incluirán el primer domingo de diciembre, que es el Día de la Constitución y que también se festejará el lunes 7 de diciembre.

Además, el 8 de diciembre, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, que celebra la Navidad, serán jornadas festivas en la comunidad.

Cabe destacar que estas 12 festividades se establecen sin alterar las dos fiestas de carácter local que cada municipio pueda determinar según la normativa laboral. Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, afirmó que el calendario fue diseñado con el objetivo de preservar las festividades tradicionales mientras se consideran las demandas sociales y las exigencias del sector productivo. Este proceso incluyó consultas con organizaciones empresariales y sindicales, así como una audiencia pública que no recibió recomendaciones adicionales.